Con la intención de definir estrategias para continuar profundizando el paradigma que hace de los jóvenes en conflicto con la leyp enal, sujetos de derechos; me entrevisté con Jueces de Menores, Defensores y otros operadores del sistema judicial y en el poder ejecutivo.
La Dirección General de Jovenes en Conflicto con la Ley Penal ha sido transferida a la orbita del Minsterio de Derehcos Humanos, desde el Ministerio de Seguridad; en una apuesta del Ejecutivo para recuperar un poder delegado sobre los institutos de menores, y profundizar activamente la protección de derechos de la infancia vulnerada que llega a esos institutos.
Repensar Ias
instituciones, Ias prácticas y los discursos referentes a Ia infancia y a
quienes operan en ella dentro del sistema judicial, implica un proceso de
construcción- deconstrucción permanente. Revisar Ias variables socio-históricas
respecto de Ia infancia institucionalizada, significa trabajar en pos de los
postulados de Ia Convención Internacional de los Derechos del Niño, reparando
en el complejo entramado que legitima Ia intervención sobre los niños. Esto
implica recorrer un camino que va de Ia concepción de Ia infancia como objeto a
otra como sujeto. EI posicionamiento dentro de uno u otro de estos paradigmas,
conlleva diversos niveles de sufrimiento para Ia infancia, los profesionales y
Ias
instituciones.
Desde Ia psicología
jurídica se puede visibilizar al Estado como una institución generadora y
sostenedora de una multiplicidad de mecanismos disciplinarios y de control, que
es preciso de-consturir para los propios miembros que trabajan en las
instituciones en las que se alojan a los
jóvenes.
Los operadores y los
profesionales intervinientes, incluidos los psicólogos, ejercen funciones de
cohesión y protección, intentando
conformar espacios de ligazones creativas y vitales. Se constituyen en una
especie de 'padre alternativo', susceptible de introducir modalidades de
relación adulto/niño que los padres no pudieron o no supieron crear. Así, la
infancia es definida por las privaciones, déficits y desamparo, marcando a los
jóvenes por sus carencias; y al contrario de afiliarlo en la sociedad como un
'sujeto vinculado', simplemente lo confirman en su identidad deficitaria.
El trabajo en las
instituciones de protección y control de jóvenes en conflicto con la ley penal
movilizanda apuestas narcisistas para quienes intervienen, Ias cuales oscilan
entre Ia omnipotencia y Ia impotencia; dejando la sensación de brindar protección, cuidado y ternura, como
un intento de restitución de aquello que no habría sido otorgado por Ias
familias.
Los operadores
judiciales y los dependientes del circuito en el Poder Ejecutivo, luego de la
transferencia al mismo desde el ámbito del Ministerio de Seguridad, a
principios de 2013 (en Salta), trabajan entonces con un imaginario sobre los menores
institucionalizados, como personas carentes a Ias cuales hay que reparar. Esta
idea directriz deja su impronta en todos aquellos actores que intervienen en la
conformación de una idea de 'salvación de los niños'. Ese imaginario se convierte
en una fantasía colectiva, en la que se halla presente 'el joven' como sujeto
colectivo y que se constituye -de manera deformada por los procesos
defensivos- en Ia realización de un
deseo, y en último término de un deseo inconsciente; constituyéndose al
interior de las instituciones, una 'economía libidinal' que constituye
estructuralmente la identidad del grupo, a partir de que cierto grupo de
sujetos ha desplazado Ia misma idea o persona hacia el lugar del ideal del yo,
generándose en ese momento Ia identificación recíproca entre los mismos.
Por este motivo, la
evaluación y tratamiento del tipo de problemáticas que presenta Ia infancia
institucionalizada no debería basarse en
los sentimientos que su situación despierta en los profesionales
intervinientes, ya que tal situación no
haría más que conducir a una operación de intervención fallida. Se hace
necesario entonces trabajar por la salud mental de todos los operadores del
sistema para profundizar el paradigma que vuelva a esos jóvenes en conflicto
con la ley penal, sujetos de derechos.
