Interdicciones policiales: pensar los derechos humanos de los policias

¿Por qué defender el valor de la vida de un policía, me enfrenta radicalmente a la comunidad que ha sostenido históricamente la lucha por los derechos humanos en Salta y en Argentina?

Palabras de puesta en valor de las vidas policiales 

en el acto conmemorativo a la memoria del ex gobernador Miguel Ragone, Cerrillos 11 marzo 2020

El día de los derechos humanos, allá por 2013, al cumplirse 30 años del Golpe de Estado, pensaba ya en la democratización de las fuerzas de seguridad como un compromiso que debía asumir la conducción política argentina, porque es una deuda para continuar consolidando la democracia, concomitante al esfuerzo que demandaron los Juicios de Lesa Humanidad. Escribía esto:

... Sin embargo a 30 años de democracia las peguntas por los modelos policiales y la vida de policías como sujetos de derechos humanos continúan pendiente, como una maldición arrojada sobre gobernantes y gobernados para mirar las consecuencias, como causas; para continuar repitiendo las historias del pasado. En honor a la democracia, estos días convulsionados por los reclamos policiales en casi todo el país; deben dejar muy clara la responsabilidad política de trabajar por una representatividad policial que asegure el diálogo entre las bases policiales y los dirigentes políticos. Sin que ello tome necesariamente la forma de gremialización, tan temida por quienes necesitan la verticalidad y la obediencia debida para asegurar el orden. Es la deuda de la democracia de una seguridad también para los pobres, y para los propios policías....

Ver artículo completo en 
http://fernandoragone.blogspot.com/2013/12/a-30-anos-la-democracia-esta-en-guerra.html 

Mis interlocutores en la lucha por los Juicios no escuchaban, por algunos motivos el planteo de la necesidad de democratización policial no se convertía en un tema de agenda pública, allá por 2013.

Decreto 255 y poder de excepción: La disputa por la gestión de la seguridad en la Salta pandémica

 

14 al 25 de abril 2020

Transcurre abril de 2020 y la provincia de Salta atraviesa las primeras semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este contexto, el Ministerio de Gobierno provincial promulga el Decreto 255/2020, una disposición de excepción que otorga amplias facultades discretionales a las fuerzas policiales para intervenir y sancionar los incumplimientos del confinamiento. La implementación de esta norma desencadena de inmediato una profunda controversia jurídica y política, convirtiéndose en el epicentro de un agudo enfrentamiento en el campo de los derechos humanos local.

Ante la amenaza de que el Decreto 255 siente un precedente sumamente regresivo en materia de garantías constitucionales, el bloque mayoritario de los organismos de derechos humanos organiza un frente de resistencia institucional. Bajo la coordinación de la referente Nenina Lescano y el abogado Rodrigo Sola, y con el respaldo decisivo de entidades de alcance nacional como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las organizaciones articulan una demanda colectiva de inconstitucionalidad. La estrategia de este espacio combina la presentación judicial formal con la confección de una nómina de casos documentados de abusos policiales para demostrar el impacto lesivo de la medida. Asimismo, la red busca ejercer una fuerte presión mediática para desacreditar la norma y forzar su caída sin aguardar los dilatados tiempos procesales de la Corte provincial. Dentro de esta táctica, la consigna del bloque es subordinar cualquier reunión con autoridades gubernamentales —como el ministro Posada— al ingreso previo del recurso en los tribunales, garantizando así que los colectivos mantengan el control del ritmo político.

En abierta disonancia con esta lógica de confrontación judicial y mediática, Fernando Pequeño Ragone, al frente de la Asociación Miguel Ragone, adopta una postura diferenciada centrada en el diálogo institucional directo con el Poder Ejecutivo. Pequeño Ragone promueve la apertura de canales de comunicación con los funcionarios del Ministerio de Gobierno, sosteniendo una visión superadora que busca evitar la demonización a priori de las fuerzas de seguridad en el marco de la crisis socio-sanitaria. Desde su perspectiva, reducir a la institución policial a la condición exclusiva de órgano represivo resulta inadecuado en un escenario donde los efectivos desempeñan tareas operativas indispensables para la contención territorial de la pandemia.

Esta posición desencadena una severa impugnación política, ética y doctrinaria por parte de la red de organismos. Las intervenciones de Lescano cuestionan con dureza a Pequeño Ragone, acusándolo de actuar con individualismo, de romper la unidad de acción y de concebir el diálogo únicamente hacia las autoridades estatales en lugar de priorizar a sus propios compañeros del campo popular. El quiebre se profundiza cuando la dirigencia tradicional condena las manifestaciones públicas de Pequeño Ragone en favor de la jefatura policial y califica sus posturas de "reaccionarias". Para el frente de derechos humanos, equiparar las vivencias de los efectivos policiales con el padecimiento de las víctimas del terrorismo de Estado y de los familiares de detenidos-desaparecidos constituye una reactivación inaceptable de la "teoría de los dos demonios". Asimismo, se le reprocha el uso personal del capital simbólico de su abuelo, el exgobernador desaparecido Miguel Ragone, recordándole que la memoria de dicha figura pertenece a un proyecto colectivo histórico y no a una trayectoria individual.

De este modo, el conflicto en torno al Decreto 255 en abril de 2020 evidencia dos lecturas contrapuestas sobre el Estado y la militancia: por un lado, una trinchera colectiva que apela a la judicialización, el registro de la violencia institucional y la vigilancia doctrinaria; por el otro, una propuesta de mediación ejecutiva que busca incidir mediante el diálogo con las autoridades, provocando la fractura definitiva dentro del movimiento de derechos humanos en Salta.

A cerca de la demanda de Inconstitucionalidad del DNU 255/2020 del Gobernador de Salta Gustavo Saenz

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA DEMANDA CONTRA LA PROVINCIA DE SALTA

¿Quiénes presentan la demanda?

La Mesa de Derechos Humanos de Salta (Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo), el CELS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y los comisionados electos del Comité para la prevención de la Tortura de Salta.

¿Contra quien se dirige?

Contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta (Gobernador).

¿Qué se cuestiona?

Se ataca el decreto de necesidad y urgencia 255/20 (DNU255/2020) que establece un régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, establece penas de arresto o multa y designa al jefe de la policía provincial como autoridad para aplicar las sanciones sin intervención de fiscal, control judicial ni defensa en esta instancia.

Si bien establece la posibilidad de apelación ante un Juez de Garantías, el efecto es suspensivo, la pena se aplica inmediatamente. Es decir que, si la persona hubiera sido condenada por la Jefa de Policía, deberá transcurrir el proceso de revisión judicial de la decisión privada de su libertad.

¿Qué acción se presentó?

Se presentó un amparo colectivo, porque están afectados derechos constitucionales como la libertad, la integridad, la salud, la seguridad, la igualdad y las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio, entre otros; que están actualmente en una situación de peligro, lo cual requiere una intervención judicial rápida.

¿En qué juzgado?

Se presentó en la Corte de Justicia de Salta que es quien tiene competencia originaria para resolver en las acciones de amparo, contra actos del titular del Poder Ejecutivo (el gobernador).

¿Cuál es la amenaza cierta, actual y concreta que genera el DNU?

El decreto habilita la posibilidad de detenciones arbitrarias, privaciones ilegítimas de la libertad, juzgamiento por comisiones especiales sin contar con una defensa en juicio eficaz y oportuna. La jefa de la Policía tiene facultades para detener, investigar y sancionar con penas de arresto por un máximo de 60 días. No se establece cual es sería el procedimiento que debe seguir ni los derechos de los ciudadanos durante el mismo. 

Es posible que muchas personas ya hayan sido afectadas por estas disposiciones. Eso torna necesaria y urgente la procedencia de esta acción de amparo, a fin de hacer cesar dichos actos de autoridad contrarios a la normativa local e internacional en materia de derechos humanos.

¿Qué diferencias tiene el DNU de Salta con el nacional?

Básicamente que el nacional no prevé el arresto como respuesta estatal, sino que establece que cuando un efectivo de las fuerzas de seguridad se encuentre cara a cara con una persona que esté en flagrante infracción del aislamiento social, preventivo y obligatorio, procederá a hacer cesar la conducta infractora y que la persona retorne a su residencia habitual. Luego, se da intervención al poder judicial si correspondiera. Asegura así los derechos y garantías constitucionales.

¿Qué se solicita?

Que el Poder Ejecutivo Provincial -Jefatura de Policía- se abstenga de aplicar el procedimiento previsto como régimen excepcional en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 255/2020 y, en consecuencia, se abstenga de imponer las sanciones coercitivas (concretamente, el arresto).

También que se declare su inconstitucionalidad y se ordene el inmediato restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales vulnerados a quienes hayan resultado afectados por la aplicación del DNU.

¿Qué otras cuestiones creemos importante transmitir?

• Que el régimen sancionatorio creado en Salta es inconstitucional.
• Que entendemos que la situación que estamos viviendo es extraordinaria. No estamos en contra de la necesidad de adoptar medidas, pero éstas no pueden ir en contra de los derechos constitucionales y poner en riesgo a la población.
• Trasladar a una persona a un establecimiento policial y someterla a un arresto genera más riesgos de contagio que los que evita. Implicaría introducir a una persona en un espacio reducido en el que deberá convivir con un número indeterminado de personas (que ingresan desde destinos desconocidos) en condiciones de hacinamiento y de escasa seguridad, higiene, acceso a la debida alimentación y atención a la salud.
• En el contexto salteño es fácil pensar que quienes sean sospechados de estar incumpliendo la cuarentena probablemente sean, en mayor medida, aquellas personas que necesitan salir a trabajar, por estar en condiciones informales.

Si a la persona se le aplica una multa y no puede abonarla, puede aplicarse en sustitución pena de arresto.

• El Decreto ya fue remitido a la Legislatura para que lo ratifique o no, pero las Cámaras aún no han decidido tratarlo. Si pasan 90 días se considera que queda convertido en ley.

Un tiempo de apoyar la gobernabilidad provincial sin omitir criticas constructivas

En este tempo de pandemia con necesidad de consolidar el aisalmento social resuta fundamental pensar en la gobernabilidad de la provincia por enciam de las diferencias.
Discutirlas puede esperar a que la emergencia actual vaya cediendo a un escenario donde se puedan pensar las cosas sin la angustia del presente.

Por encima de puntos de vista divergentes sobre las urgencia, sobre estilos de gobernar, o sobre mas o menos empatias, es preciso no desarticular la conducción del gobernador.

Por estos dias el presidente Alberto Frnández tiene un 95 % de imagen positiva y un 75 % aproximadamente de apoyo a su gestión de gobierno. Es un efecto del dialogo respetuoso con las diferencas y la escucha y consulta atenta a los sectores sociales.

No estamos frente a un tiempo para marcar las diferencas ni para dar rienda al enojo; aun a ese que tiene los motivos mas validos de la contienda partidaria.
Alberto Fernández logró esos niveles de aceptación justamente porque no le echa la culpa a nadie y sin perder identidad, mira para adelante. Vendra una epoca para marcar distinciones.

Solicitada en el Semanario El Expreso del 22 abril 2020.
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