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martes, 10 de diciembre de 2013

A 30 años. La democracia está en guerra por la seguridad

Pensar la democratización policial a 30 años del golpe

Este es un día para festejar los logros de la extensión de derechos para todos y todas. Quien podría no afirmar que hoy los salteños y argentinos vivimos con mejor calidad institucional y sin el miedo extremo a la muerte que muchos sentían después de una década de asesinatos y desapariciones allá por el 83 cuando recuperamos la democracia. Quien podía imaginar por 2001 cuando queríamos que se vallan todos, el avance de los juicios de lesa humanidad. O imaginar los cambios culturales que pivotean sobre las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. O imaginar la redistribución de la riqueza que a muchos excluidos permite hoy acceder a la educación y a la salud, aunque quede muchísimo por hacer.


Después de 2003; el Estado hizo un vuelco sustancial en la reconversión institucional, convirtiendo en herramientas la Memoria, la Verdad y la Justicia. Muchos de quienes trabajaron por la reparación histórica con el horizonte de los Juicios de Lesa Humanidad, lucharon en 2003 para diferenciar al Estado de ese otro Estado terrorista. Lo hicieron desde diversidad de sectores de pertenencia estatal y de organizaciones civiles, principalmente apoyando y trabajando en diseños de nuevas políticas de derechos humanos y seguridad.

En esta época de balances de gestión y de modelos políticos, la continuidad de las luchas por los juicios de lesa humanidad (sin bajar los brazos hasta el final de las vidas de imputados y víctimas) está en las luchas por un Estado no represivo, lo cual nos lleva a enfocar con la fuerza de siempre; el trabajo por  la transformación de las instituciones desde un nuevo modelo de 'Seguridad Democrática';  donde ‘la seguridad’ no está enfrentada con los ‘Derechos Humanos’, sino que asegure y garantice la seguridad ciudadana y la plena vigencia de las garantías constitucionales. Esta visión de la seguridad, nos abre la pregunta inaudita para muchos sectores todavía, sobre quiénes son los policías, sobre cuáles modelos de policías queremos a futuro.
Es momento de plantear la pregunta sobre cómo fue posible que en Salta se asesinara a un gobernador popular como Miguel Ragone, cuando civiles antes y años después manejaban la seguridad. Es necesario y saludable instalar la pregunta sobre las continuidades de los mismos civiles y de las mismas ideas en las burocracias estatales que regulan la seguridad hoy día. ¿La seguridad de quiénes? Habría que continuar.

Sin embargo a 30 años de democracia las peguntas por los modelos policiales y la vida de policías como sujetos de derechos humanos continúan pendiente, como una maldición arrojada sobre gobernantes y gobernados para mirar las consecuencias, como causas; para continuar repitiendo las historias del pasado. En honor a la democracia, estos días convulsionados por los reclamos policiales en casi todo el país; deben dejar muy clara la responsabilidad política de trabajar por una representatividad policial que asegure el diálogo entre las bases policiales y los dirigentes políticos. Sin que ello tome necesariamente la forma de gremialización, tan temida por quienes necesitan la verticalidad y la obediencia debida para asegurar el orden. Es la deuda de la democracia de una seguridad también para los pobres, y para los propios policías.

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