Autarquía, rendición colectiva y el amparo por el Comité de Prevención de la Tortura en Salta
A las organizaciones de
derechos humanos, a los analistas del derecho y a las militantes de la
justicia, la memoria y la verdad.
I.
La pregunta que no podemos esquivar
Hay una pregunta que me
acompaña desde que comenzamos a preparar este amparo colectivo, y que no
consigo silenciar aunque quisiera. No es la pregunta jurídica —esa la responden
los fundamentos que presentamos ante la Corte de Justicia de Salta. Es una pregunta
más incómoda, más cercana, más difícil de formular en voz alta en una reunión
de organismos: ¿por qué algunos de los nuestros nos dicen que no vale la pena?
No hablo de enemigos de la
causa. Hablo de abogados y operadores del campo jurídico-transicional salteño
que tienen trayectoria en derechos humanos, que conocen la historia de lo que
costó construir el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que en muchos
casos la defendieron con argumentos que yo mismo suscribiría. Y que ahora,
frente al amparo que presentamos junto a la Red de Familiares, HIJOS Salta, la
Asociación Lucrecia Barquet, la Asociación Coca Gallardo y la Liga Argentina
por los Derechos Humanos, nos dicen: es mejor un comité que funcione, aunque
sea imperfecto; es preferible confiar en jueces locales conocidos que dilatar
el proceso por la vía judicial.
Esa frase —es mejor algo
que nada— la he escuchado muchas veces en mi vida. La escuché durante los años
en que peleamos para que el juicio por la desaparición de mi abuelo, el
gobernador Miguel Ragone, fuera posible. La escuché de personas que no eran malas
personas. Personas que genuinamente creían que el gradualismo era la única
estrategia viable. Que la intransigencia en el diseño institucional era un lujo
que Salta no podía darse. Que era mejor preservar lo construido —aunque
estuviera capturado, aunque estuviera vaciado— que arriesgar todo en nombre de
un ideal de independencia plena.
Hoy, cincuenta años
después de que mi abuelo fuera arrancado de su cargo por la misma maquinaria
que la Triple A y el poder político provincial construyeron juntos, me
encuentro formulando la misma respuesta que aprendí en ese proceso: el
pragmatismo que sacrifica las condiciones estructurales de independencia no es
una estrategia de avance. Es una forma de rendición que sus protagonistas
experimentan como madurez. Y esa rendición tiene un costo que pagamos todos.
II.
La lección que no aprendimos: de la obediencia debida al comité capturado
Quiero ser preciso sobre
lo que está en disputa, porque el debate sobre el CPT Salta no es una
escaramuza procesal menor. El Poder Ejecutivo provincial omitió convocar al
concurso para renovar los representantes de los organismos de derechos humanos
ante el Comité durante más de seis meses, pese a que el propio CPT advirtió en
junio de 2025 que el proceso requería al menos ese tiempo. Los mandatos
vencieron el 14 de febrero de 2026. Y simultáneamente, el Ejecutivo tramita una
modificación del decreto reglamentario para reemplazar a los evaluadores
externos del tribunal de selección —que provienen de mecanismos de prevención
de otras provincias, garantizando su imparcialidad— por personas con residencia
en Salta. Es decir: quiere que sean personas insertas en las redes del poder
provincial quienes determinen quiénes integran el organismo que debe controlar
a ese poder provincial.
Cuando algunos colegas me
dicen que esa modificación no es suficiente para declarar la
inconstitucionalidad, o que la exigencia de residencia en Salta no viola por sí
sola la transparencia del concurso, reconozco la estructura del argumento. Es
la lógica del daño consumado: primero que suceda todo, luego reclamamos. Pero
esa lógica beneficia siempre al poder que demora, que omite, que avanza por los
hechos mientras esperamos que el daño sea lo suficientemente palmario para
merecer tutela judicial. El amparo preventivo existe exactamente para conjurar
esa lógica.
Y cuando otros me dicen
que es mejor un comité que funcione —aunque sin las garantías de independencia
que la norma establece— no puedo dejar de pensar en otra frase que circuló en
Argentina hace cuarenta años: era mejor preservar la democracia con
militares en libertad que arriesgarla en nombre de la justicia plena. Esa
fue la justificación de las leyes de obediencia debida y punto final. No la
invocaron personas malas. La invocaron personas que genuinamente creían estar
siendo realistas, pragmáticas, maduras. El resultado fue la normalización de la
impunidad durante dos décadas. El resultado fue que los mismos mecanismos que
habían permitido el terrorismo de Estado se reconstituyeron sin que nadie los
interrumpiera, hasta que en 2003 hubo que empezar de nuevo, con un costo
político e institucional enorme, para deshacer lo que el pragmatismo había
aceptado.
No afirmo que el
pragmatismo frente al CPT Salta tenga la misma magnitud que la impunidad de los
represores. Sería una comparación desproporcionada y no la hago. Lo que sí
afirmo es que la lógica es estructuralmente la misma: la aceptación de que los
mecanismos de control sean diseñados —o tolerados— en condiciones de
dependencia respecto de los poderes que deben controlar, porque el costo de
exigir la independencia parece demasiado alto en el presente. Esa lógica, cada
vez que se impuso, produjo instituciones débiles que normalizaron lo que debían
prevenir. Y esa normalización no es reversible en el corto plazo: se instala en
el sentido común del campo, se transmite a las generaciones más jóvenes como la
manera en que funcionan realmente las instituciones, y se vuelve cada vez más
difícil de impugnar.
III.
Lo que el pragmatismo produce en quienes lo adoptan
Necesito decir algo sobre
el fenómeno que observo en quienes sostienen estas posiciones, porque creo que
la honestidad lo requiere y porque entenderlo es necesario para no responderle
con indignación moral sino con análisis. No se trata de traición consciente. Se
trata de algo más sutil y más difundido: una forma de rendición que el propio
sujeto no experimenta como tal.
En el proceso del juicio
por mi abuelo aprendí a reconocer este patrón. Hubo actores que en los primeros
años de la lucha sostenían el ideal de la autarquía —la independencia de las
organizaciones respecto del poder político, la negativa a negociar la conducción
de la causa con quienes tenían otros intereses— y que después, cuando
ascendieron en las jerarquías institucionales o consolidaron su inserción en
redes profesionales de mayor envergadura, comenzaron a presentar ese mismo
ideal como ingenuidad de juventud. El lenguaje cambiaba: ya no hablaban de
autarquía sino de pragmatismo; ya no de independencia sino de gestión; ya no de
rigor sino de madurez. Y lo que antes era una conquista se convertía,
imperceptiblemente, en un obstáculo.
Los psicólogos
institucionales que trabajan desde Bion y Kaës tienen un nombre para este
mecanismo colectivo: el pacto denegativo. Es el acuerdo tácito, nunca
explicitado, mediante el cual los miembros de un campo institucional se
comprometen a no nombrar la contradicción entre lo que defendieron y lo que
ahora sostienen. El pragmatismo es el lenguaje que hace posible ese pacto:
permite no nombrar la rendición presentándola como evolución. Y la operación
psíquica que lo acompaña es la proyección sobre quienes aún sostienen el ideal
de los atributos que el grupo ha abandonado: los llama rígidos, puristas,
obstruccionistas, maximalistas. Al proyectarlos así, se libera de la culpa por
haberlos abandonado.
Lo que me interesa no es
la culpabilización de nadie. Me interesa señalar las consecuencias
institucionales de ese patrón. Porque cuando actores con trayectoria en la
defensa de la autarquía sostienen públicamente que es aceptable un comité cuya
independencia estructural está comprometida, están otorgando algo que el Poder
Ejecutivo no podría comprarse: legitimidad simbólica. El gobernador que diseña
una modificación reglamentaria para excluir evaluadores externos puede invocar
que incluso los propios referentes del campo de derechos humanos consideran
admisible ese diseño. Esa legitimidad simbólica es, en el campo
jurídico-transicional salteño, un recurso escaso y poderoso. Y se entrega sin
que nadie la haya pedido explícitamente, como efecto colateral de un
pragmatismo que se presenta como cuidado de las instituciones.
IV.
Lo que el juicio por Ragone nos enseña sobre el diseño institucional
Mi abuelo fue el único
gobernador constitucional desaparecido en Argentina. Fue arrancado de su cargo
once días después del golpe del 24 de marzo de 1976, pero su historia, como
hemos documentado durante años, comienza antes: en la interna peronista, en la
Triple A, en las redes de complicidad civil y militar que tejieron su
persecución mucho antes de que los tanques salieran a la calle. Esa historia
enseña algo sobre lo que significa la captura institucional cuando se la deja
operar sin resistencia.
La lucha por el juicio que
finalmente se realizó —después de décadas de silencio, de impunidad pactada, de
actores que nos decían que era mejor no remover ciertas piedras— no fue solo
una batalla judicial. Fue una batalla por la autonomía de las organizaciones
querellantes frente a las presiones de cooptación que venían desde múltiples
direcciones. Hubo quienes quisieron subirse al proceso para capitalizarlo
políticamente. Hubo quienes propusieron negociar con el poder provincial a
cambio de avances parciales. Hubo quienes argumentaron que la insistencia en la
autarquía de la conducción de la causa era un lujo que la fragilidad de la
democracia salteña no podía permitirse.
Lo que aprendimos en ese
proceso —y que hoy considero la enseñanza más valiosa para el presente— es que
la autarquía de las organizaciones no era un capricho ideológico. Era una
condición de la verdad procesal. Solo actores independientes del poder podían
testimoniar sin presiones, construir la causa sin interferencias, sostener la
demanda de justicia sin que ésta fuera capturada por agendas ajenas a las de
las víctimas. Cada vez que se negoció esa autonomía —cada vez que se aceptó un
actor comprometido con el poder provincial en un rol que requería
independencia— se pagó un precio en la consistencia del proceso.
Hoy, cincuenta años
después de la desaparición de mi abuelo, la lógica se repite en otro registro.
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura no es un tribunal penal. No
juzga el pasado. Previene el presente: visita lugares de detención, documenta condiciones
de encierro, emite recomendaciones, actúa como contrapeso del poder ejecutivo
sobre las personas privadas de libertad. Su capacidad de cumplir esa función
depende exactamente de lo mismo que dependía la capacidad de las organizaciones
querellantes en el juicio por Ragone: de que su composición no esté
determinada, directa ni indirectamente, por el poder que debe controlar.
Un proceso de selección
con evaluadores que viven y trabajan en la provincia, insertados en las redes
sociales y profesionales del foro salteño, dependientes en sus carreras de
relaciones con los mismos funcionarios que el Comité debe controlar, no garantiza
esa independencia. No porque las personas sean necesariamente malas. Sino
porque el diseño estructural del proceso hace imposible la imparcialidad que la
norma requiere y que el OPCAT —el Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura— exige.
V.
Por qué este amparo importa más allá de sus efectos inmediatos
Quiero ser claro sobre lo
que la acción de amparo colectivo que presentamos ante la Corte de Justicia de
Salta no es. No es un capricho procesal. No es la preferencia de organizaciones
que priorizan la pureza jurídica sobre la eficacia práctica. No es una disputa
de egos entre distintas corrientes del campo transicional salteño.
Es una disputa estratégica
por el diseño del sistema democrático de control y prevención de la tortura en
la provincia. Y esa disputa tiene consecuencias que se extienden mucho más allá
del concurso inmediato para renovar los representantes de los organismos de
derechos humanos ante el CPT Salta.
En el nivel normativo, lo
que está en juego es si el principio de no regresividad en materia de derechos
humanos tiene vigencia real en Salta o si puede ser dejado de lado mediante
decreto, invocando razones de costo. El Poder Ejecutivo quiere modificar el
decreto reglamentario para excluir a los evaluadores externos. Los propios
organismos le ofrecemos que participen de manera virtual, eliminando el
argumento económico. La negativa a aceptar esa solución revela que el argumento
del costo es un pretexto: lo que se quiere suprimir no es el gasto sino la
independencia.
En el nivel institucional,
lo que está en juego es si el CPT Salta será un mecanismo de prevención con
capacidad real de actuar como contrapeso del poder ejecutivo provincial, o si
será un organismo cuya composición está determinada, en última instancia, por
ese mismo poder. La diferencia no es técnica. Es la diferencia entre un
mecanismo de control y una pantalla de legitimación.
Y en el nivel simbólico
—quizás el más duradero— lo que está en juego es qué les transmitimos a las
generaciones más jóvenes del activismo transicional salteño. Si les
transmitimos que las instituciones de control se construyen con rigor y se
defienden con rigor, que la autarquía no es un ideal de juventud sino una
condición estructural del control democrático. O si les transmitimos que el
realismo pragmático impone ceder las garantías de independencia cuando el costo
de defenderlas parece demasiado alto. Esa segunda transmisión —la del
pragmatismo como madurez— es exactamente lo que produjo la normalización de la
impunidad en Argentina. Y es lo que este amparo se propone interrumpir.
VI.
Una palabra final sobre la memoria como diseño institucional
En estos cincuenta años
desde la desaparición de Miguel Ragone, he aprendido que la memoria no es solo
el recuerdo del pasado. Es también la capacidad de reconocer en el presente las
estructuras que produjeron ese pasado. La maquinaria que desapareció a mi
abuelo no comenzó el 24 de marzo de 1976. Comenzó mucho antes, en las redes de
complicidad que nadie interrumpió cuando pudo haberlo hecho, en los arreglos
institucionales que se aceptaron porque cambiarlos parecía demasiado costoso,
en los pragmatismos que dejaron funcionar a los poderes que debían ser
controlados.
Cuando hoy un conjunto de
abogados y operadores del campo jurídico-transicional salteño nos dice que es
mejor aceptar un comité imperfecto que dilatar su funcionamiento con una acción
judicial, reconozco esa estructura. No digo que estén haciendo lo mismo que
quienes miraron para otro lado en 1976. Digo que la lógica es la misma: la
aceptación de que los mecanismos de control sean diseñados en condiciones de
dependencia porque el costo de exigir la independencia parece demasiado alto en
el presente.
La Asociación que lleva el
nombre de mi abuelo fue fundada para que esa lógica no se repita. No solo en el
campo penal. En todos los campos donde la prevención de la violación de
derechos humanos requiere instituciones que tengan la fortaleza de resistir a
los poderes que deben controlar. El Comité Provincial de Prevención de la
Tortura es uno de esos campos. La disputa por su diseño institucional es una
disputa por la memoria viva: por la capacidad de que lo aprendido en cincuenta
años de lucha se traduzca en estructuras que no repitan los arreglos que
hicieron posible el horror.
Por eso presentamos el
amparo. Por eso lo sostenemos frente a quienes nos dicen que no vale la pena. Y
por eso los invitamos —a las organizaciones, a los analistas del derecho, a los
militantes de la justicia y la verdad— a acompañarnos: no porque la causa sea
nuestra, sino porque la autarquía de los mecanismos de control es una conquista
de todos, y su vaciamiento es una pérdida de todos. La memoria de Miguel Ragone
nos enseñó que esas conquistas no se preservan solas. Se defienden,
activamente, cada vez que alguien intenta reducirlas invocando el realismo.
Ese es el realismo que
reconozco: el de saber que las instituciones débiles no previenen nada. Solo
legitiman lo que debían impedir.
Fernando
Pequeño Ragone
Salta, marzo de 2026
A cincuenta años de la desaparición de Miguel Ragone, gobernador
constitucional y popular de Salta.
