Interdicciones policiales: pensar los derechos humanos de los policias

¿Por qué defender el valor de la vida de un policía, me enfrenta radicalmente a la comunidad que ha sostenido históricamente la lucha por los derechos humanos en Salta y en Argentina?

Palabras de puesta en valor de las vidas policiales 

en el acto conmemorativo a la memoria del ex gobernador Miguel Ragone, Cerrillos 11 marzo 2020

El día de los derechos humanos, allá por 2013, al cumplirse 30 años del Golpe de Estado, pensaba ya en la democratización de las fuerzas de seguridad como un compromiso que debía asumir la conducción política argentina, porque es una deuda para continuar consolidando la democracia, concomitante al esfuerzo que demandaron los Juicios de Lesa Humanidad. Escribía esto:

... Sin embargo a 30 años de democracia las peguntas por los modelos policiales y la vida de policías como sujetos de derechos humanos continúan pendiente, como una maldición arrojada sobre gobernantes y gobernados para mirar las consecuencias, como causas; para continuar repitiendo las historias del pasado. En honor a la democracia, estos días convulsionados por los reclamos policiales en casi todo el país; deben dejar muy clara la responsabilidad política de trabajar por una representatividad policial que asegure el diálogo entre las bases policiales y los dirigentes políticos. Sin que ello tome necesariamente la forma de gremialización, tan temida por quienes necesitan la verticalidad y la obediencia debida para asegurar el orden. Es la deuda de la democracia de una seguridad también para los pobres, y para los propios policías....

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http://fernandoragone.blogspot.com/2013/12/a-30-anos-la-democracia-esta-en-guerra.html 

Mis interlocutores en la lucha por los Juicios no escuchaban, por algunos motivos el planteo de la necesidad de democratización policial no se convertía en un tema de agenda pública, allá por 2013.

A cerca de la demanda de Inconstitucionalidad del DNU 255/2020 del Gobernador de Salta Gustavo Saenz

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA DEMANDA CONTRA LA PROVINCIA DE SALTA

¿Quiénes presentan la demanda?

La Mesa de Derechos Humanos de Salta (Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo), el CELS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y los comisionados electos del Comité para la prevención de la Tortura de Salta.

¿Contra quien se dirige?

Contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta (Gobernador).

¿Qué se cuestiona?

Se ataca el decreto de necesidad y urgencia 255/20 (DNU255/2020) que establece un régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, establece penas de arresto o multa y designa al jefe de la policía provincial como autoridad para aplicar las sanciones sin intervención de fiscal, control judicial ni defensa en esta instancia.

Si bien establece la posibilidad de apelación ante un Juez de Garantías, el efecto es suspensivo, la pena se aplica inmediatamente. Es decir que, si la persona hubiera sido condenada por la Jefa de Policía, deberá transcurrir el proceso de revisión judicial de la decisión privada de su libertad.

¿Qué acción se presentó?

Se presentó un amparo colectivo, porque están afectados derechos constitucionales como la libertad, la integridad, la salud, la seguridad, la igualdad y las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio, entre otros; que están actualmente en una situación de peligro, lo cual requiere una intervención judicial rápida.

¿En qué juzgado?

Se presentó en la Corte de Justicia de Salta que es quien tiene competencia originaria para resolver en las acciones de amparo, contra actos del titular del Poder Ejecutivo (el gobernador).

¿Cuál es la amenaza cierta, actual y concreta que genera el DNU?

El decreto habilita la posibilidad de detenciones arbitrarias, privaciones ilegítimas de la libertad, juzgamiento por comisiones especiales sin contar con una defensa en juicio eficaz y oportuna. La jefa de la Policía tiene facultades para detener, investigar y sancionar con penas de arresto por un máximo de 60 días. No se establece cual es sería el procedimiento que debe seguir ni los derechos de los ciudadanos durante el mismo. 

Es posible que muchas personas ya hayan sido afectadas por estas disposiciones. Eso torna necesaria y urgente la procedencia de esta acción de amparo, a fin de hacer cesar dichos actos de autoridad contrarios a la normativa local e internacional en materia de derechos humanos.

¿Qué diferencias tiene el DNU de Salta con el nacional?

Básicamente que el nacional no prevé el arresto como respuesta estatal, sino que establece que cuando un efectivo de las fuerzas de seguridad se encuentre cara a cara con una persona que esté en flagrante infracción del aislamiento social, preventivo y obligatorio, procederá a hacer cesar la conducta infractora y que la persona retorne a su residencia habitual. Luego, se da intervención al poder judicial si correspondiera. Asegura así los derechos y garantías constitucionales.

¿Qué se solicita?

Que el Poder Ejecutivo Provincial -Jefatura de Policía- se abstenga de aplicar el procedimiento previsto como régimen excepcional en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 255/2020 y, en consecuencia, se abstenga de imponer las sanciones coercitivas (concretamente, el arresto).

También que se declare su inconstitucionalidad y se ordene el inmediato restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales vulnerados a quienes hayan resultado afectados por la aplicación del DNU.

¿Qué otras cuestiones creemos importante transmitir?

• Que el régimen sancionatorio creado en Salta es inconstitucional.
• Que entendemos que la situación que estamos viviendo es extraordinaria. No estamos en contra de la necesidad de adoptar medidas, pero éstas no pueden ir en contra de los derechos constitucionales y poner en riesgo a la población.
• Trasladar a una persona a un establecimiento policial y someterla a un arresto genera más riesgos de contagio que los que evita. Implicaría introducir a una persona en un espacio reducido en el que deberá convivir con un número indeterminado de personas (que ingresan desde destinos desconocidos) en condiciones de hacinamiento y de escasa seguridad, higiene, acceso a la debida alimentación y atención a la salud.
• En el contexto salteño es fácil pensar que quienes sean sospechados de estar incumpliendo la cuarentena probablemente sean, en mayor medida, aquellas personas que necesitan salir a trabajar, por estar en condiciones informales.

Si a la persona se le aplica una multa y no puede abonarla, puede aplicarse en sustitución pena de arresto.

• El Decreto ya fue remitido a la Legislatura para que lo ratifique o no, pero las Cámaras aún no han decidido tratarlo. Si pasan 90 días se considera que queda convertido en ley.

A 30 años. La democracia está en guerra por la seguridad

Pensar la democratización policial a 30 años del golpe

Este es un día para festejar los logros de la extensión de derechos para todos y todas. Quien podría no afirmar que hoy los salteños y argentinos vivimos con mejor calidad institucional y sin el miedo extremo a la muerte que muchos sentían después de una década de asesinatos y desapariciones allá por el 83 cuando recuperamos la democracia. Quien podía imaginar por 2001 cuando queríamos que se vallan todos, el avance de los juicios de lesa humanidad. O imaginar los cambios culturales que pivotean sobre las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. O imaginar la redistribución de la riqueza que a muchos excluidos permite hoy acceder a la educación y a la salud, aunque quede muchísimo por hacer.

Después de 2003; el Estado hizo un vuelco sustancial en la reconversión institucional, convirtiendo en herramientas la Memoria, la Verdad y la Justicia. Muchos de quienes trabajaron por la reparación histórica con el horizonte de los Juicios de Lesa Humanidad, lucharon en 2003 para diferenciar al Estado de ese otro Estado terrorista. Lo hicieron desde diversidad de sectores de pertenencia estatal y de organizaciones civiles, principalmente apoyando y trabajando en diseños de nuevas políticas de derechos humanos y seguridad.

En esta época de balances de gestión y de modelos políticos, la continuidad de las luchas por los juicios de lesa humanidad (sin bajar los brazos hasta el final de las vidas de imputados y víctimas) está en las luchas por un Estado no represivo, lo cual nos lleva a enfocar con la fuerza de siempre; el trabajo por  la transformación de las instituciones desde un nuevo modelo de 'Seguridad Democrática';  donde ‘la seguridad’ no está enfrentada con los ‘Derechos Humanos’, sino que asegure y garantice la seguridad ciudadana y la plena vigencia de las garantías constitucionales. Esta visión de la seguridad, nos abre la pregunta inaudita para muchos sectores todavía, sobre quiénes son los policías, sobre cuáles modelos de policías queremos a futuro.

Es momento de plantear la pregunta sobre cómo fue posible que en Salta se asesinara a un gobernador popular como Miguel Ragone, cuando civiles antes y años después manejaban la seguridad. Es necesario y saludable instalar la pregunta sobre las continuidades de los mismos civiles y de las mismas ideas en las burocracias estatales que regulan la seguridad hoy día. ¿La seguridad de quiénes? Habría que continuar.

Sin embargo a 30 años de democracia las peguntas por los modelos policiales y la vida de policías como sujetos de derechos humanos continúan pendiente, como una maldición arrojada sobre gobernantes y gobernados para mirar las consecuencias, como causas; para continuar repitiendo las historias del pasado. En honor a la democracia, estos días convulsionados por los reclamos policiales en casi todo el país; deben dejar muy clara la responsabilidad política de trabajar por una representatividad policial que asegure el diálogo entre las bases policiales y los dirigentes políticos. Sin que ello tome necesariamente la forma de gremialización, tan temida por quienes necesitan la verticalidad y la obediencia debida para asegurar el orden. Es la deuda de la democracia de una seguridad también para los pobres, y para los propios policías.

Lami sobre la creación del museo de la policia

Marcelo Lami, Jefe de Policia de Salta

Habla en el acto de creación del Museo de la Policía de Salta, en la Central de Policía.