Cincuenta años después de la Masacre de Palomitas, un militante de segunda generación se pregunta por qué le produce rechazo ver que la memoria de los crímenes de Estado se repliegue hacia el mural, el documental, el poema o el libro, mientras los tribunales federales de Salta continúan resolviendo sin interpelaciones visibles las últimas causas de lesa humanidad activas. Escrito en primera persona desde la ruta hacia el paraje donde fueron fusilados doce presos políticos en 1976, este ensayo problematiza esa incomodidad: no rechaza la obra cultural en sí, sino el pacto tácito por el cual el Estado —y también la Universidad Nacional de Salta, que acompaña con congresos y discursos pero sin capital ni cuerpo en la disputa jurídica ni en las interpelaciones necesarias al Estado— la financia a cambio de que nadie toque las estructuras reales de impunidad. Un recorrido entre el cuidado hacia "las viejas" que ya no pueden caminar la ruta y la exigencia, todavía pendiente, de justicia institucional.
Por Fernando Pequeño
Ragone
asistido por NotebookLM, Gemini y Claude IA
A
cerca de mi escritura asistida con IA.
Introducción: escribir desde la ruta
Escribo esto todavía con el frío de julio metido en los
huesos. El 6 de julio manejé hasta el paraje donde el aparato estatal-militar
fusiló a doce presos políticos alojados en el Penal de Villa Las Rosas, sobre
la Ruta Nacional 34. Ahí, en Palomitas, no hay demasiado que ver: un
descampado, una placa, el viento. Y sin embargo ahí estuve, como nieto de
Miguel Ragone, gobernador constitucional de Salta secuestrado y desaparecido en
marzo de ese mismo 1976, y como militante de una segunda generación que ya no
es tan joven. Ese día grabé unas notas de voz que después, revisadas con distancia,
me devolvieron una pregunta incómoda que no había sabido formular hasta
entonces: ¿por qué me produce rechazo —un rechazo casi físico— ver que la
memoria de los crímenes de Estado se repliega hacia las obras culturales: el
mural, el documental, el poema, el libro, la pintura?
No es una pregunta abstracta. La hago desde mi cuerpo de 57
años, desde mi lugar en el entorno de la Asociación Miguel Ragone, desde haber
visto envejecer a "las viejas" —las Madres, las Abuelas, las y los Familiares
de Salta— hasta el punto en que el frío de un 6 de julio ya no les permite
caminar la ruta. La hago también desde mi formación como investigador en
derechos humanos y memoria, que me obliga a no quedarme en la pura emoción y a
mirar la cuestión con el instrumental teórico que la disciplina ofrece. En este
ensayo intento sostener las dos cosas a la vez: la voz que tiembla frente al
descampado y la voz que analiza. Voy a problematizar, y a ampliar, la pregunta
que titula el apartado central de mi propio diario de investigación: ¿por qué
produce rechazo el repliegue hacia las obras culturales? Para eso recorro cinco
movimientos: primero, la hipótesis de la obra cultural convertida en fetiche estetizado;
segundo, su contracara, la sospecha de que la obra no es la enemiga sino el
síntoma de un abandono anterior; tercero, la tensión entre la ética del cuidado
y la exigencia institucional; cuarto, el lugar particular —y ambiguo— de la
Universidad Nacional de Salta en este esquema; y quinto, lo que llamo la
provincialización del olvido.
El mural, el documental, el libro: cuando la liturgia
reemplaza al litigio
Mi diagnóstico inicial —el que grabé casi sin pensarlo, manejando
en la ruta— fue que la marcha anual, la placa, el mural, el documental
introspectivo, el libro de poemas, corren el riesgo de convertirse en un rito
vaciado de conflicto. Que anestesian en lugar de tensionar. Michael Pollak
(1989, p. 85) me da el vocabulario para esto: habla de la frontera entre las
memorias subterráneas, proscritas, y la memoria oficial, y advierte sobre lo
que yo prefiero llamar la trampa del encapsulamiento, ese riesgo de que la
memoria quede reducida a un gueto afectivo, una subcultura militante que se
habla a sí misma sin tocar al resto de la sociedad.
Cuando vi la película sobre Palomitas que produjo José María
Martinelli en el aula de la Universidad Nacional de Salta, sentí exactamente
eso: una obra densa, necesaria, pero proyectada en un ámbito de circulación de
capital simbólico e intelectual, no en el ámbito donde se juega el poder real.
Y ahí está mi incomodidad de fondo: mientras el Estado provincial financia con
gusto murales, documentales y libros conmemorativos —porque son inocuos para el
statu quo del poder económico y represivo que subsiste—, los tribunales
federales de Salta continúan en soledad y sin interpelaciones, resolviendo las
últimas causas —activas y casi abandonadas— de lesa humanidad. Carlos Nino
(1996, p. 120; 1997, p. 210) fue tajante en esto: los juicios no son actos de
retribución penal ni ejercicios estetizados, sino garantías institucionales
indispensables para fundar una democracia deliberativa. Abandonar los
tribunales en nombre de la producción cultural, escribió, "implica abdicar
de la construcción de un estado de derecho robusto, permitiendo que las
corporaciones de facto recreen sus privilegios de impunidad" (Nino, 1996,
p. 121). Leído hoy, cincuenta años después del golpe, ese diagnóstico me
interpela directamente: yo mismo, en mis notas de voz, hablaba de "plasmar
una obra" antes que de litigar. ¿No estaba yo mismo, sin quererlo,
deslizándome hacia el fetiche que denuncio?
Pero la obra cultural no es la enemiga: ampliando la
pregunta
Aquí es donde quiero ampliar —y en parte corregir— mi propia
problematización inicial. Porque si me quedo solo con el diagnóstico de Nino,
termino condenando el mural, el documental, el poema, como si fueran ellos la
causa del estancamiento judicial. Y no lo son. Ruti Teitel (2000, p. 215) me
ayuda a matizar esto: la justicia transicional es inherentemente contextual,
contingente a las correlaciones de poder político existentes en cada momento.
El derecho, en los períodos de transición, no es neutro; es un instrumento de
disputa. Si el litigio estratégico se estanca en Salta, no es porque exista un
documental sobre Palomitas o un libro de poemas dedicado a los doce fusilados,
sino porque el poder político local —ese conservadurismo salteño que Teitel
ayudaría a nombrar como una correlación de fuerzas concreta— adopta una fachada
de tolerancia cultural precisamente para no tocar las estructuras judiciales y
policiales reales.
Dicho de otro modo: la obra cultural no vacía la
política; es la política la que, cuando le conviene, vacía a la obra cultural y
la devuelve convertida en folklore. Esa distinción me importa porque cambia
el lugar de la responsabilidad. El rechazo que siento frente al "repliegue
hacia las obras culturales" no debería dirigirse contra la película de
Martinelli, ni contra un mural pintado por estudiantes, ni contra la Mesa de
Derechos Humanos cuando organiza un acto, sino contra la posibilidad —siempre
latente— de que ese mural, ese documental, ese libro, sean la única forma de justicia
que el Estado esté dispuesto a costear. Elizabeth Jelin (2002, p. 48) llama a
esto el trabajo de la memoria: una labor activa, no pasiva, que transforma el
pasado mediante recursos y capitales simbólicos puestos en juego en el
presente. El problema no es producir esas obras; el problema es cuando el
emprendedor de la memoria —y aquí me incluyo— abandona el litigio y la
política, cediendo el control de las instituciones al Estado, conformándose con
un lugar en el "circuito cultural" (Jelin, 2002, p. 92). La posta,
entonces, no se transmite completa si solo se transmite la melancolía
convertida en obra; hay que transmitir también, y sobre todo, la exigencia
jurídica.
Las viejas, el frío y la ética del cuidado
Hay, sin embargo, una dimensión que ni Nino ni Teitel
alcanzan a nombrar del todo, y que a mí me atraviesa el cuerpo cada 6 de julio:
el tiempo biológico. Las Madres, las Abuelas, las y los Familiares que durante
décadas caminaron la ruta hasta Palomitas hoy desisten, y no por falta de
convicción sino por el frío, por la edad, por cuerpos que ya no responden. Ese
agotamiento biológico de los testigos directos no es un detalle sentimental; es
una condición material que reconfigura toda la discusión sobre obra cultural
versus litigio. Diana Maffía (2008, p. 112) me da las herramientas para pensar
esto sin caer en el heroísmo épico que históricamente estructuró la narrativa
militante: la masculinidad hegemónica exigía neutralidad afectiva, dogma, un
"héroe del relato" que no mostraba cansancio. Yo, en cambio, escribo
desde la vulnerabilidad, desde la duda existencial, desde una ética del cuidado
hacia esas viejas que ya no pueden caminar. Esa es, creo, una masculinidad poshegemónica:
no la que reclama tribunales gritando consignas, sino la que se pregunta, en
voz baja y grabada en un audio de celular, si seré capaz de sostener algo de lo
que ellas sostuvieron, y si un poema o un documental alcanzan para eso.
Y aquí aparece la tercera de mis proposiciones abiertas: ¿es
posible reconciliar esa introspección, esa "obra personal", con la
toma de posiciones agresivas e institucionales que exige la disputa jurídica?
Mi respuesta provisoria es que no hay reconciliación automática, sino tensión
productiva. La ética del cuidado no reemplaza al litigio; lo funda. Cuido la
memoria de las viejas precisamente para no dejarla morir en el archivo, y esa
misma urgencia de cuidado es la que debería empujarme —empujarnos, a la generación
intermedia que ya no es tan joven— a exigir en los tribunales y en todos los
dispositivos del Estado, lo que ellas ya no tienen fuerzas para exigir en la
ruta.
La UNSa: acompañar sin poner el cuerpo
Hay un actor que hasta acá dejé en un segundo plano y que,
mirado de cerca, complejiza todo lo anterior: la Universidad Nacional de Salta.
La UNSa acompaña. Organiza congresos sobre memoria, sostiene programas de
investigación, cede sus aulas para proyectar documentales como el de
Martinelli, pronuncia discursos en los actos del 6 de julio y del 24 de marzo.
Y sin embargo, cuando pienso en esa presencia constante, no puedo dejar de
notar que es una presencia sin riesgo. La Universidad pone la palabra, el
paper, el auditorio; no pone capital para sostener querellas, no pone cuerpo en
las audiencias, no pone estrategia institucional en acciones concretas de
resistencia frente al aparato judicial y policial que sigue intacto.
En eso, la UNSa se parece más al Estado provincial que a un
actor de la sociedad civil comprometido con la justicia transicional. Como el
Estado, financia gustosamente el arte de la memoria —una jornada, un simposio,
una publicación académica— porque le resulta inocuo, incluso prestigioso,
mientras no altera ninguna estructura de poder real. La diferencia con el
Estado es de grado, no de naturaleza: la Universidad no reprime ni encubre
directamente, pero tampoco litiga, no financia peritajes, no acompaña querellantes,
no presiona por la reapertura de causas estancadas. Retomando a Jelin (2002, p.
92), la UNSa podría ser un emprendedor de la memoria de primer orden —tiene el
capital simbólico, la legitimidad académica, los recursos humanos formados—;
sin embargo, se conforma con administrar el circuito cultural de la
conmemoración. Siguiendo a Nino (1996, p. 121), esa función de acompañamiento
discursivo, sin compromiso material ni corporal en la disputa jurídica, termina
cumpliendo la misma función que él denuncia en las corporaciones de facto:
permite que la impunidad estructural siga intacta detrás de una fachada de
sensibilidad institucional hacia los derechos humanos.
Esto no significa que la Universidad deba dejar de
investigar o de conmemorar —sería absurdo pedirle que renuncie a lo que sabe
hacer—, sino que su acompañamiento actual es insuficiente si se lo compara con
lo que estaría en condiciones de aportar: financiamiento para peritajes
forenses, equipos jurídicos de apoyo a las querellas, incidencia institucional
ante el Poder Judicial provincial, acompañamiento sostenido a a los organismos de derechos humanos que
litigan. Mientras eso no ocurra, la UNSa seguirá siendo, en los términos de
este ensayo, otra instancia que transforma la exigencia de justicia en obra
cultural consumible, sin asumir el costo político de disputar el poder real.
Salta 2026: la provincialización del olvido
Termino este recorrido con lo que más me preocupa como
salteño. En esta provincia conviven élites tradicionalistas, impermeables, con
un movimiento de derechos humanos fragmentado, y ahora también con una
universidad pública que acompaña sin arriesgar. El riesgo que anticipé en mis
notas de voz —y que ahora quiero nombrar con precisión— es el de la
provincialización del olvido: que la causa de los derechos humanos se retire de
la disputa jurídica en los tribunales federales de Salta y de los organismos
estatales que requieren inervención y quede confinada a la exhibición
universitaria de documentales, a los congresos académicos, a los murales
pintados en fechas conmemorativas. Cuando eso ocurre, la memoria pierde, como
escribí entonces, su colmillo instituyente. El Estado provincial celebra, y la
Universidad, sin proponérselo del todo, lo acompaña en esa celebración: ambos
financian el arte de la memoria a cambio de que nadie les toque sus estructuras
de impunidad judicial y policial, o su propia comodidad institucional.
Conclusión: la posta que falta reclamar
Cincuenta años después del golpe que se llevó a mi abuelo y
a los doce fusilados de Palomitas, creo que la pregunta bien formulada no es
"obra cultural o tribunal", sino qué hacemos para que la obra
cultural deje de ser la excusa institucional —también universitaria— para no ir
al tribunal o interpelar al Estado en los sitios necesarios. Siguiendo a Nino
(1996, p. 128) y a Teitel (2000, p. 220), la eficacia de la justicia
transicional no se mide por la cantidad de murales, documentales o libros, ni
por la emotividad de los actos y congresos, sino por su capacidad de alterar
relaciones de poder y quebrar la impunidad estructural. Pollak (1989) me
recuerda el riesgo del encapsulamiento; Jelin (2002), que la memoria es un
trabajo, no una herencia pasiva, y que ese trabajo puede ser traicionado por
quienes deberían sostenerlo con más que discursos; Maffía (2008), que ese
trabajo puede y debe hacerse desde el cuidado y no desde el heroísmo. Y yo,
desde mi ruta particular hacia Palomitas, entiendo por fin que "plasmar
una obra" —esa urgencia que me interpelaba a los 57 años— solo tiene
sentido político si es, además, un modo de volver a exigir en los tribunales y
al Estado en casa organismo necesario, lo que las viejas ya no pueden caminar a
reclamar, y de exigirle a instituciones como la Universidad que acompañen con
algo más que su palabra. La verdadera posta no consiste en heredar la
melancolía de los mártires para plasmarla en obras contemplativas, sino en
reclamar el espacio público, el capital institucional y la técnica jurídica
como herramientas innegociables contra la impunidad.
Referencias
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo
XXI Editores.
Maffía, D. (2008). Contra las dicotomías: feminismo y
epistemología crítica. En D. Maffía (Comp.), Sexualidades migrantes:
género y transgénero (pp. 108-120). Feminaria Editora.
Nino, C. S. (1996). Juicio al mal absoluto. Ariel.
Nino, C. S. (1997). La constitución de la democracia
deliberativa. Gedisa.
Pollak, M. (1989). Memoria, olvido, silencio. Estudios
sobre las Culturas Contemporáneas, 3(9), 3-15.
Teitel, R. G. (2000). Transitional justice. Oxford
University Press.
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