Salta, 26 de diciembre de 2025
La reciente convocatoria de la Cámara de Diputados para integrar el Comité para la Prevención de la Tortura esconde una trampa de legitimidad. Al exigir "experiencia en el sector privado" para sus comisionados, se abre la puerta a que los intereses del mercado y la cultura policial de las agencias de seguridad privada colonicen un organismo que debería ser el último bastión de los derechos humanos. ¿Podemos confiar en que quienes forman parte del negocio de la seguridad fiscalicen con rigor la violencia institucional que ellos mismos, a veces, replican?
Por Fernando Pequeño Ragone
En el llamado a concurso se lee claramente el siguiente
párrafo … “Acreditación de experiencia directa en sector privado, y/o sector
público en prevención de la tortura, mediante la certificación correspondiente”
en alusión a los requisitos que entre muchos otros pueda o deba tener quien
aspire a concursar.
Llamado en línea en https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9QXwxMDAxMzE1NTUmZGF0YT0yMjA5N3F3ZXJ0eQ==
Un dilema a partir de la experiencia y de la creencia.
Como ciudadano comprometido con la defensa de las
garantías fundamentales, observo con profunda alarma las condiciones del
reciente llamado a concurso para el Comité para la Prevención de la Tortura de
nuestra provincia. Al leer que se valorará la experiencia en el "sector
privado" para un cargo de tal magnitud, no puedo evitar preguntarme:
¿Estamos diseñando un órgano de control o una mesa de enlace corporativa?
Sostengo con firmeza que incluir perfiles provenientes
del mercado de la seguridad en este Comité no es un avance técnico, sino un
riesgo directo para su independencia. Aquí expongo mis razones:
1. El conflicto de intereses es inevitable
Me preocupa que la "lógica del mercado"
termine creando zonas grises de influencia. Si quienes deben fiscalizar
instituciones privadas de seguridad o salud mental provienen de esos mismos
sectores, la supervisión se suaviza. Los vínculos previos y la afinidad con
modelos que priorizan la rentabilidad por sobre el bienestar humano corren el
riesgo de transformar las inspecciones en meros trámites de cortesía
empresarial.
La seguridad privada, por definición, es una mercancía:
protege a quien puede pagarla. Por el contrario, la prevención de la tortura es
un mandato de igualdad absoluta. Introducir una visión mercantilista en un
órgano de derechos humanos desvirtúa nuestra misión: proteger a los más
excluidos, a los invisibles del sistema, a quienes no tienen lugar en la
"secesión de los exitosos".
Es una realidad insoslayable en Salta: el sector de la
seguridad privada es el refugio laboral de personal retirado de fuerzas
policiales y armadas. Al valorar esta experiencia, el Comité corre el riesgo de
integrar a personas formadas en la misma cultura institucional que debe ser
monitoreada. ¿Cómo va a detectar un maltrato quien lo ha naturalizado durante
toda su carrera castrense?
Para que el Comité cumpla con el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura (OPCAT), debe ser técnica y éticamente
independiente de cualquier interés. Legitimar la experiencia privada como un
valor de idoneidad es entregarle una llave a las cámaras empresariales. Nuestra
misión no es fomentar el negocio de la seguridad, sino reducir el poder
punitivo y evitar el abuso.
Temo que un perfil técnico "del mercado"
tienda a validar la autorregulación de las empresas en lugar de aplicar
inspecciones sorpresivas y exhaustivas. En una provincia donde ya hemos visto
habilitaciones irregulares y condiciones indignas, no podemos permitir que la
fiscalización esté despojada de una mirada civil pura y libre de intereses
comerciales.
Estoy convencido de que la verdadera eficacia del Comité
para la Prevención de la Tortura de Salta, no radica en "entender el
mercado", sino en mantener una distancia ética absoluta de él. La
integridad física y moral de las personas bajo custodia del Estado o de
privados no puede ser negociada bajo ningún criterio de rentabilidad.
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