En el marco de una nueva jornada de debate y capacitación del ciclo “Ciencias
Sociales y Seguridad: Debates necesarios para la inclusión y la participación”, se abordaron en
esta oportunidad los modos de estructuración de las instituciones de seguridad,
en términos de instrucción, formación y ejercicio de la labor de sus miembros; se cuestionaron las estrechas posibilidades de representatividad que dentro de la institución ellos poseen, y se reflexionó sobre las repercusiones que en la vida personal de los agentes y ex
agentes estos asuntos generan.
En el marco de una nueva jornada de debate y capacitación del ciclo “Ciencias
Sociales y Seguridad: Debates necesarios para la inclusión y la participación”, se abordaron en
esta oportunidad los modos de estructuración de las instituciones de seguridad,
en términos de instrucción, formación y ejercicio de la labor de sus miembros; se cuestionaron las estrechas posibilidades de representatividad que dentro de la institución ellos poseen, y se reflexionó sobre las repercusiones que en la vida personal de los agentes y ex
agentes estos asuntos generan.
Con la participación de Hugo Aillón, comisario (r) de la Policía de
Salta, Paulino Escalada, oficial (r) del servicio penitenciario de la provincia
de Salta, Pedro Guillermo Barboza, agente (r) de la Policía de Salta y el
sociólogo Marcelo Ibarra, se realizó en el día de ayer un nuevo encuentro del
ciclo “Ciencias Sociales y Seguridad: Debates necesarios para la
inclusión y la participación ciudadana”, espacio de capacitación y
debate, instituido por el Programa de Desarrollo Territorial del Ministerio de
Seguridad de la provincia, para el tratamiento de temáticas que atañen a la
seguridad analizadas desde la óptica de las ciencias sociales. En sala de
reuniones de la sede del Ministerio de Seguridad, sito en calle Balcarce nº 388, se abordaron, en
el día de ayer, cuestiones intrínsecas a
la conformación de las fuerzas de seguridad en tanto instituciones públicas y
de intervención política (por ende, de direccionamiento político), los
ordenamientos normativos que rigen en las mismas; sus modos de jerarquización,
aleccionamientos y bases de formación que imparten para con sus miembros y qué
implicancias, directas o indirectas, ejercen estas dinámicas institucionales –con
objetivos determinados pero con efectos no medibles– en la vida ciudadana (y
colectiva) y en la integridad personal del trabajador de la seguridad. Por
ello, se reflexionó sobre la institución policial y la vida policial con
enfoques experimentales de integrantes, ya retirados, de las instituciones de
seguridad de la provincia, con el aporte de vivencias directas; y la
contribución, desde la sociología, del investigador en temáticas que atañen a
la seguridad e integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática, Lic. Marcelo
Ibarra.
Hugo Aillón, además de haber prestado servicio como comisario de la
Policía de la provincia, actualmente es presidente de la Fundación
Fraternidad Policial y Penitenciaria y compartió con los miembros del
Programa de Desarrollo las acciones que la fundación desarrolla en pos de la
reivindicación de la dignificación del personal policial y penitenciario como
trabajadores, proponiendo e impulsando la sindicalización de los integrantes de
la seguridad pública y bregando por el refuerzo de la representatividad de la
voz policial en relación a los derechos del policía dentro de las instituciones.
La fundación que preside Aillón, además, sostiene la necesidad de la
consolidación de los derechos del policía como ser humano vinculado e integrado a la sociedad
civil, rompiendo con la dicotomía o disociación policía – ciudadano.
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En su intervención, y trazando ciertos paralelismos con la situación actual
de la policía, explicó los modos de ingreso de los aspirantes a la institución
policial y los requerimientos que estos debían verificar en forma previa a su inserción
en la institución. El comisario retirado comentó que ingresó a la institución
en el año 1976 y aseguró que “por aquel entonces la policía no tenía una
formación profesional, y de hecho aún tampoco la tiene, ya que los requisitos
eran mínimos”. Reveló que un aspirante para ingresar sólo debía tener aprobado
hasta séptimo año del colegio y haber cumplido la edad de 18 años. Manifestó que la
causa del bajo nivel de estudios exigido a los aspirantes radicaba en que “los
estudios no eran algo muy importante, debido a que lo que más se exigía antes
era soportar un cierto rigor o ritmo dentro de la institución, para lograr (en
el aspirante) una férrea disciplina; porque lo que se pretendía en ese momento
era formar una disciplina muy marcada para formar al oficial como una persona
con ‘capacidades de mando’”. Explicó, en ese sentido, que la exigencia mayor se
relacionaba con el acondicionamiento físico de los agentes, relegando la
posibilidad de instrucción o formación educativa o intelectual (más trascendental aún) a un
plano de “mínima importancia”.
Ahondando en los modos de ingreso de los aspirantes y los tipos de
formación que recibían en la institución, Aillón señaló los beneficios que
algunos aspirantes obtenían por el contacto o la vinculación con personas de
sustancial poder político o económico y la diferencia que significó en estos
términos la apertura e iniciación de la Escuela de Cadetes. “Cuando yo
ingresé a la Fuerza no existía Escuela de Cadetes, entonces los oficiales eran
formados de distinta manera; en forma política. A veces por tener alguna
relación con personas de poder económico o político podían ingresar (los
aspirantes) fácilmente a la Fuerza y hacer una ‘rápida’ carrera dentro de la
institución”.
Seguidamente, el comisario retirado admitió convencida y comprometidamente
en que “para que la policía avance definitivamente hay que hablar de
democratización de la institución y de los derechos de los policías, para que
el personal policial sea también un personal que viva plenamente los derechos
humanos”.
Confirmó, también, que “el poder político siempre, incluso hoy en día,
supo ingresar a la institución policial y ocupar lugares jerárquicos y
dirigenciales importantes a nivel decisional”. Explicó, además, que “la
intromisión del poder político, pero también del poder económico, ocasionó la
persistencia y la profundización de las arbitrariedades y las injusticias
generando conflictos al personal (policial): ascensos que no correspondían,
camarillas que se separaban (…)”.
Finalmente, el ex comisario destacó con certeza y firmeza que para
lograr una democratización de las Fuerzas de seguridad, donde el respeto por
los derechos humanos de los trabajadores de la seguridad pública tenga una preeminencia
que a posteriori también manifieste su reproducción en el ejercicio del
accionar policial y propiciando una apertura hacia la ciudadanía, “la policía
debe ser reformada”.
Respecto a lo manifestado por Aillón, Fernando Pequeño Ragone sostuvo
que “hay una relación entre el poder político informal que la ciudadanía no
conoce, que no se discute, que no se debate y que es fundamental en la
conducción de la policía”. “Debemos necesariamente poner en la agenda de debate
político estos temas y discutirlos”, agregó el actual candidato a diputado
provincial por el movimiento La Ragone y FREJUVI.
Por su parte, el sociólogo Ibarra se refirió a algunos avances en
materia de normativas legales que intentaron brindar mejoras en términos de
institucionalidad a las Fuerzas de seguridad y que configuraron un marco
novedoso a nivel legal pero que, sin embargo, para el sociólogo “no logran
materializarse o concretarse realmente hacia un marco normativo y legal que
atienda las problemáticas de inseguridad pública, de desigualdad, de
vulneración de derechos; de perpetración y vulneración desde el propio Estado a
los derechos de la propia ciudadanía”. “Se trata de una diferencia muy grande entre
las reformas, los propósitos de las reformas y lo que sucede en la realidad;
efectos conocidos de un esquema político que sólo asume o dimensiona a la
seguridad en términos jurídicos”, agregó Ibarra.
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En este sentido, Pequeño Ragone intervino asegurando que “lamentablemente
esta tensión entre cambio cultural y cambio de la ley, me parece que opera en
los funcionarios políticos, que en su gran mayoría están formados en el
derecho, como una conceptualización de especie de panacea de la ley, que todo
lo ordena y todo lo resuelve”. Reflexionando sobre los efectos políticos que
las nociones exclusivamente jurídico-normativas acarrean sobre problemáticas en
donde las dimensiones sociales, y por tanto el estudio desde las bases de las
ciencias sociales, quedan excluidas de la “practicidad”, en términos de reparos
o soluciones concretas y efectivas (siendo, paradójicamente, la dimensión
social la esfera a partir de la cual el derecho debe accionar su marco
normativo, de ordenamiento y regulación, y no en viceversa).
Pequeño, también presidente
de la Asociación Dr. Miguel Ragone reveló que, a su criterio, se trata de “un
gran problema político que tenemos; en el cual, muchos de esos
funcionarios sienten representar el
partido justicialista, y no solamente que lo representan, sino que asumen que el Partido
es de ellos”. Cuestionó estas tensiones que se generan en el Partido
Justicialista a partir de las metodologías políticas de estos funcionarios, y
que se efectivizan como una mampara que divide al justicialismo en dos sectores.
Aseveró que su interés es “poder mostrar la tensión de esos justicialismos y
poder mostrar quiénes están parados de cada lado; porque todavía sigue
pendiente la cuestión de por qué hubo una parte del justicialismo que mató a
Miguel Ragone y que exterminó al ragonismo”.
Continuando su exposición, Ibarra consideró que sería positivo e
importante “discutir sobre reformas a los modelos de reclutamiento y los
modelos de formación policial”. En este sentido, explicó que “la forma de
educación de la institución policial tiene una especificidad muy concreta, que
es la seguridad pública; entonces es tan profundo el tema de la seguridad
pública que no alcanza meramente con la adecuación de los contenidos curriculares en las
Escuelas de Cadetes, por ejemplo, en asegurar un institución (policial)
comprometida. Porque además hay un contexto que está marcando que la gente que
allí está formándose, lo está por razones muy lejanas al sentido y la orientación
de esa institución”.
Respecto a lo manifestado por Ibarra en torno a las mejoras que deberían
efectivizarse a nivel de formación educativa de los aspirantes y oficiales,
Fernando Pequeño Ragone confirmó que presentará un proyecto de ley ya elaborado
que contempla la creación de una Residencia Transdisciplinaria en Seguridad
Pública. Según explicó Pequeño Ragone, la misma implicará tomar la
experiencia de las residencias que hoy se implementan en el ámbito de Salud
Pública (psiquiatría y psicología comunitaria, por ejemplo), pero pensadas para
el campo de la seguridad pública, y con el objeto de que sus actores refuercen vínculos
e interaccionen en forma menos fragmentada y más efectiva, y promoviendo el
acceso de la ciudadanía en la participación del debate de diseño de las
políticas públicas de seguridad.
Seguridad en Democracia
La seguridad (y por tanto, también la inseguridad) es un preocupación sensible
y compleja, por cuanto no existe suficiente acuerdo entre el mundo político y
el técnico (tanto el de los intelectuales como el de la conducción policial) sobre los enfoques y estrategias más aconsejables para abordar el
delito y la violencia, el tipo y nivel de
seguridad esperado o buscado y, menos aún, sobre el nivel de inseguridad
que se puede tolerar: ¿a partir de qué nivel de seguridad-inseguridad resulta
exigible políticas eficaces de contención de este problema?, ¿qué es “estar
protegido” para un ciudadano? y ¿de qué? En este contexto, la interpretación y
valoración de la función policial, así como las orientaciones del
policiamiento, el rol de la sociedad civil o comunidad organizada en la
construcción de mejores niveles de seguridad, las características de las
políticas del sector y la forma de ejecutarlas deben considerarse facetas
claves e ineludibles de la gestión pública en la materia, a la hora de diseñar,
implementar y evaluar las políticas y estrategias policiales conducentes a
contener la inseguridad, sus causas y sus consecuencias.
La construcción de la seguridad de las personas, las formas de
alcanzarla y garantizarla, debe poseer necesariamente un componente y un
enfoque de análisis sociopolítico, y no solamente penal, legal o jurídico, para
la gobernabilidad y estabilidad de las democracias. Este desafío debe
enmarcarse, indudablemente, en una gestión de los gobernantes y legisladores inspirados
en una visión de “seguridad en democracia”.
La búsqueda de la seguridad debe ser coherente y complementaria con los
propósitos del Estado y la Democracia, y esto no es más que el bien común. La
búsqueda de seguridad debe ser funcional, entonces, a la creación de mejores
condiciones para la realización humana, en un contexto social y político de
pleno respeto de los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad civil; incluyendo en esta categoría también a los trabajadores de la seguridad pública, en tanto -como se hizo referencia anteriormente- es equívoca la disociación entre individuo integrante del aparato estatal y sujeto civil.
El abordaje y la discusión de la seguridad debe asumirse como un problema de derechos, de bien ciudadano y de calidad de vida.
El abordaje y la discusión de la seguridad debe asumirse como un problema de derechos, de bien ciudadano y de calidad de vida.
Aquí el álbum con las imágenes de la jornada, click sobre el mismo para verlas:
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| 2013-08-28 Capacitación y debate: Institución policial y vida policial |
Página web del Acuerdo de Seguridad Democrática para ampliar estos temas y demás vinculaciones: http://www.asd.org.ar/
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