Por
Multisectorial de Mujeres de Salta
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud
de las Mujeres, que se recuerda en todo el mundo el día 28 de Mayo, la Multisectorial de Mujeres de Salta, la
Comisión de la Mujer UNSa y CLADEM exigen
políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a alcanzar el nivel
más alto de salud, entendida ésta como la ha definido la Organización Mundial
de la Salud, esto es, como el estado de bienestar físico, psíquico y social. En
especial, medidas estatales tendientes a asegurar los derechos sexuales y
reproductivos, incluido el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos
legalmente contemplados.
Por estos días, el caso de la niña wichi de 12 años que
cursa un embarazo de seis meses como consecuencia de haber sido violada, nos
alerta una vez más que el Protocolo para la Asistencia Integral de Toda Víctima
Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles aprobado por Decreto
Provincial Nº 1170/12, resulta no solo dilatorio sino obstructivo del efectivo
acceso a una práctica legal en Argentina desde hace más de un siglo según
nuestra legislación penal.
Como lo hemos señalado en relación con casos similares a
este, urge que la Provincia instrumente las medidas necesarias para asegurar la
privacidad e integridad de las niñas y las mujeres que se encuentran internadas
en condiciones de ejercitar su derecho a someterse a un aborto no punible, así
como la de aquellas mujeres o niñas y sus familias que atraviesan por el
proceso de toma de decisión, para que ésta sea adoptada en un marco de
libertad, sin condicionamientos ni miradas sesgadas, ajenas a los intereses,
deseos y proyecciones vitales de las protagonistas, que entre otros
sentimientos imparten temores científicamente infundados. Sin duda, el
protocolo vigente legitima esos atropellos a la libertad y a la igualdad al
instituir a los/as magistrados/as del Ministerio Público así como a los/as
operadores/as de la salud en guardianes/as de esa moral antipluralista y
antidemocrática que choca con nuestro orden convencional y constitucional.
Por eso, este nuevo caso, interpela también a la
Legislatura de la Provincia que se rehúsa a tratar el Proyecto de Ley de adhesión
a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del
Ministerio de Salud de la Nación, como lo han hecho trece jurisdicciones del
país. Y a los ministerios a los cuales
les compete “el abordaje integral” (Justicia y Derechos Humanos, Salud, Primera
Infancia) que siempre se declama, desplieguen acciones afirmativas para
combatir la situación histórica y estructural de marginalidad que viven las más
pobres entre los pobres, las más vulnerables entre los vulnerabilizados por este
mundo expulsivo, como lo son las niñas indígenas de nuestra provincia.
Este 28 de mayo además renovamos el pedido que desde el
año 2014 venimos haciendo a las autoridades de la cartera provincial de salud para conocer información pública
relativa a:
• La cantidad
de abortos no punibles realizados en nuestra provincia, en virtud de los
incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal Argentino;
• En tanto
la guía provincial no contempla el procedimiento para el denominado aborto
terapéutico, ¿cómo se actúa?
• Dificultades
para la aplicación del protocolo;
• Cantidad
de casos que fueron judicializados durante la tramitación del procedimiento
previsto en el Decreto Nº 1170/12 y las resoluciones dictadas en consecuencia;
• Respecto
a la objeción de conciencia ¿si existe un registro?, ¿si se expresa al ingresar
al servicio médico o ante el caso particular?, ¿si se establece un mecanismo de
reemplazo del objetor/a?
• Cantidad
de procedimientos solicitados, que fueron desistidos por parte de las víctimas
una vez iniciado el procedimiento;
• Qué otros
procedimientos se encuentran actualmente vigentes en la provincia para asegurar
los derechos consagrados en las leyes nacionales Nº 25.673 -de creación del
Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable-, Nº 26.130 -de
anticoncepción quirúrgica- y Nº 25.929 -de humanización del proceso de
nacimiento que culmina con el parto y la recuperación del protagonismo de la
mujer en ese momento de su vida-; dado que, el incumpliendo de las mismas por parte del sector de la salud genera,
respectivamente, violencia institucional contra la libertad reproductiva y
obstétrica contra las mujeres, en los términos de la Ley Nacional Nº 26.485 de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
• En
particular, si existen protocolos de atención socio-sanitaria de las mujeres
víctimas de la violencia física y psicológica intrafamiliar y de la violencia
sexual.
• Cuál es
el estado del proyecto de reglamentación de la Ley provincial Nº 7311 de
Sexualidad Responsable. Cabe recordar que, entre otras, una comisión integrada
por Resolución Nº 3462/06 de ese Ministerio, produjo un anteproyecto de
reglamentación tramitado por Expte. Nº 67-7386 de fecha 3/1/2007, comisión que
integramos como otros organismos y entidades representativas en la provincia.
• Si existe
algún organismo u oficina del Ministerio de Salud encargado de recepcionar y
tramitar denuncias por violencia institucional obstétrica y contra la libertad
reproductiva.
Por último, la
Multisectorial de Mujeres de Salta , La Comisión de la Mujer UNSa y CLADEM se suman, a la lucha sostenida por
compañeras de todo el país y en especial por las tucumanas, por la inmediata
liberación de Belén y exhortamos a nuestros representantes provinciales ante el
Congreso de la Nación a que impulsen el postergado debate por la
despenalización del aborto, para que NUNCA MÁS una mujer ni una niña de nuestro
país ponga en riesgo su vida o su integridad ni se vea sometida a tortura,
obligada o impulsada a continuar con un embarazo que no desea, que es fruto de
un acto de violencia sexual, ni sea privada de su libertad como consecuencia de
reafirmar su autonomía o a raíz de abortos espontáneos que se prejuzgan
inducidos.
Salta, 29 de Mayo de 2016
Multisectorial de Mujeres de Salta
Comisión de la Mujer UNSa
CLADEM
Contacto : Marta César 0387- 155761577
El caso en los medios de salta:
El abuso a una niña wichi amenaza ser un escándalo. El Tribuno
Confirman el peor diagnóstico de la niña embarazada de Alto La Sierra. El Tribuno
La Salta que atrasa / Las 10 irregularidades del caso de la nena wichí violada y embarazada. Que pasa Salta.
Una excelente visión de derechos de Alvaro Ulloa, director de INADI Salta, quien visitó a Anahí en el hospital.
Donde estuvo el Estado?
Director INADI Salta
Ayer pude visitar a Anahi, en el materno,
Tiene 12 años, no habla castellano, nunca fue al colegio,
Es la quinta hija de nueve que nacieron vivos, tiene documentos, como toda su familia, vive en Alto de la Sierra, departamento de Rivadavia, allá al norte, donde Salta limita con Bolivia y Paraguay.
Anahi tiene una discapacidad severa, nunca tuvo pensión ni cobró la asignación universal para la niñez, nadie le dijo que tenía derecho.
Su padre, Nicasio ,hace changas, en Alto de la Sierra changuear significa tallar un poste a hacha y cobrar unos pocos pesos que pagan un par de días de la familia.
En Noviembre del año pasado seis o siete hombres la atacaron, la violaron y la dejaron tirada a orillas de la represa.
El padre hizo la denuncia, el médico la reviso y comprobó violencia, ese médico que trabaja en Alto la Sierra es Boliviano, estudio en Cuba y no puede firmar como médico en Argentina porque no revalidó su título, pero es el que está. Es el que el Estado Salteño contrata en esos parajes.
No pudo firmar y a cuenta de el firmó el bioquimico, la defensa de los atacantes se agarro de ese detalle y no perdonó la falta de habilitación para la pericia, al tiempo salieron libres.
Cuatro días más tarde, cuando el camino permitió llevar a Anahi a Morillo un médico la examinó y escribió que no podía constatar violencia.
Rivadavia tiene casi 26.000 km cuadrados, unos 35.000 habitantes mixturados entre criollos y Wichis, unas 8.000 viviendas censadas, no tiene cloacas ni agua potable, es el lugar donde Lanata descubrió el hambre de agua, el departamento donde Brenda del paraje la Medialuna murió hace apenas diez días de desnutrición disfrazada en su certificado médico de deficiencia pulmonar.
En Rivadavia, cerca de la Puntana fue asesinada hace un par de años Evelia Murillo, una docente rural que protegía a una chica Wichi de la persecución de José Tomás Macu Cortez.
El estado no estuvo para proteger a Evelia, ni a Brenda, ni a Anahi Sánchez ni a docenas de chicos Wichis que mueren por año por enfermedades que no matan, que a cualquier chico bien comido, con agua potable y un médico competente le dejan apenas unos pocos días en cama.
Andrés Serapio, enfermero de Alto la Sierra cuenta que no hay más que una ambulancia, que está rota, que en esa geografía de miles de kilómetros cuadrados no hay un vehículo confiable para trasladar un enfermo.
Cuenta de los visitadores médicos mal pagados poniendo de su sueldo para pagar el combustible en las motitos para llegar a uno de esos ranchos alejados para controlar el peso, y cuenta que a veces llegan tarde.
Cuenta que a veces no hay médico y tienen que rebuscarse con lo que saben.
Nadie se acercó a Anahi ni a Nicasio Sánchez, ni a Francisca Ibarra a explicarle que tenía derecho a la pastilla del día después, nadie le explicó que podía acceder a un aborto no punible por ser menor, discapacitada y violada.
Nadie se acercó a contenerla, a garantizarle atención médica, alimentación suficiente y ayuda emocional.
El ministerio de DDHH le echo la culpa a salud pública, salud pública no respondió y Asuntos Indígenas, convertido en ministerio hace varios meses mira para otro lado intentando pasar inadvertidos, cosa que consiguen no sólo en este caso sino en la diaria.
Anahi va a perder a su hijo, se lo dijeron a Francisca su madre, las ecografias que le realizaron hace un par de días muestran una malformación craneana complicada.
Ella no entenderá mucho, los médicos hablan castellano y nadie dedicará mucho tiempo a explicarle.
Hace unos días no sabia siquiera que estaba embarazada.
Hable con Francisca, la visite en el materno, separada de sus hijos, cansada de pobreza, le pregunté si necesitaba algo y me pidió un encendedor, bajamos a comprar uno, algunos caramelos y chocolates para Anahi, tiene doce, entienden, apenas doce años, cigarrillos no vendían, le expliqué que no podía fumar en el hospital, que estaba prohibido, que si la veían fumando alguna enfermera la iba a retar, que saliera afuera.
Fue la única vez en la conversación que sonrío, cansada, dolida, harta de dolor.
Después me pidió que la acompañe de vuelta al cuarto porque no sabía volver.
Los dejaron sola toda su vida.
