Por Fernando Pequeño
Ragone
Introducción
En Febrero de 2020 en
una sala de reuniones de la calle San Juan casi esquina Buenos Aires, la Mesa
de Derechos Humanos de Salta discute, con una intensidad que no volveré a ver,
cómo poner el rostro de Miguel Ragone en un billete, cómo responder a la
designación de un exmilitar al frente del Ministerio de Seguridad y cómo
dotarse de reglas para sostenerse en el tiempo. Escribo como integrante de la
Asociación Miguel Ragone, como nieto del gobernador desaparecido y como alguien
que se sienta en esas reuniones. Narro en presente porque este es el momento
fundacional de la Mesa y el de mayor empatía entre sus integrantes: nos
reunimos con regularidad y buscamos un reglamento y una institucionalidad
medianamente burocratizada. Con ese andamiaje, la autoridad de las mujeres de
la generación militante de antes y durante la dictadura podría extenderse a
nuevos actores.
Narro en presente,
pero sé cómo termina. Esa posibilidad no se dio. La Mesa no logra transformar
su capital moral en una estructura capaz de heredarse, y retomaré esa idea en
el análisis del contexto de 2026.
El documento que me
sirve de fuente principal es el análisis de seis audios de reuniones de ese
mes. Desde ahí propongo seis puntos: la forma institucional de la Mesa; el
peronismo de Ragone y el proyecto del billete; la consigna de federalizar la
memoria; la frontera con el enemigo y los límites de mi propio pragmatismo; la
disputa con el Estado burocrático y policial; y la pregunta por quién habla y
quién hereda.
1. Un martes de febrero: la Mesa en
su momento fundacional
Una institucionalidad en ciernes
La reunión empieza con
una broma sobre quién preside. La conductora, Nenina, es "la Señora
Presidenta", y cuando alguien se queja del desorden, otra voz la compara
con una figura conocida de la política nacional. La risa es parte del método.
Entre chanzas, Nenina ordena: "El tema ya sabemos todos de qué se trata.
Ahora ordenemos". Mis notas registran, en varias sesiones, listas de
oradores, llamadas al orden y hasta una "moción de orden" que obliga
a esperar el turno. Lo que veo, desde adentro, es un aprendizaje colectivo de
procedimientos que ninguna de nosotras aprendió en un manual.
Esa ingeniería
asamblearia tiene un horizonte explícito. Canela Leonard pregunta "cuáles
son los criterios de adhesión" para no ser "pronunciadores
seriales", y propone que la Mesa quede instalada como "un órgano
consultivo". Nenina fija el ritmo: los martes, entre las 19 y las 19:30.
Para el documento sobre el billete propone una regla de autoría: la Mesa firma
"nombrando sus cinco organizaciones" y las adhesiones van "al
costado abajo". Son pequeñas decisiones de arquitectura: quién firma,
quién adhiere, cuándo se sesiona y quién redacta.
La memoria de la Mesa vive en un
teléfono
Hay una paradoja que
solo el registro vuelve visible. La Mesa discute cómo institucionalizarse y su
archivo es, literalmente, un teléfono celular. Lo digo sin dramatismo: "yo
estoy grabando todo esto... hago una síntesis y lo hago circular". Yo
mismo me ofrezco a compartir el audio en el grupo de WhatsApp. Las fuentes que
hoy analizo tienen nombres como "01 Ragone Mesaddhh.mp3": la Mesa se
piensa a sí misma en archivos de audio.
La informalidad es una
virtud, porque produce confianza, rapidez y calidez. También es una fragilidad,
porque lo que depende del teléfono y la memoria personal de una conductora se
transmite mal. En ese febrero lo vivo como entusiasmo. Ya intuyo que una institución
que descansa en la autoridad personal tiene un problema de sucesión, aunque
todavía no lo sé decir.
2. El peronismo de Ragone: del médico
del pueblo al billete
De los años cuarenta a 1973
Para entender por qué
la Mesa elige apoyar la oferta de la senadora Nora Gimenez de poner a Ragone
para el billete hay que volver al peronismo y a su capacidad de rearticularse.
Nace en los años cuarenta como una fórmula que integra a los trabajadores a la
ciudadanía mediante derechos sociales. Se vuelve proscripto y resistente
después de 1955. En los años setenta se fractura entre izquierda y derecha.
Ragone pertenece a esa generación del peronismo que vuelve al gobierno en 1973,
con una cultura sanitaria y social que hereda de la medicina pública. Gabriela
Vuistaz lo dice de otro modo en el registro, cuando lo ubica en la tradición de
"Ramón Carrillo": "en dos años hizo más que otros
gobernadores".
Yo repito en la
reunión la fórmula que mi familia reconoce: "el médico del pueblo, el tipo
humilde". Esa humildad no es una pose. Habla de un modo de hacer política
que el peronismo originario instaló en las provincias y que, en Salta, convivió
con élites que nunca lo perdonaron.
Vivos y desaparecidos
Gabriela abre la
discusión más fina de la sesión. Propone que el billete no consagre solo a la
víctima: "me parece interesante la otra vertiente de vivos... toda la obra
que hicieron". Cita a "Mendoza, Cepernic, Ragone", gobernadores
que "gobernaban para el pueblo". El discurrir de la conversación
propone ahí una negociación entre dos Ragone, el desaparecido y el gobernante,
y registra que se logra una "síntesis inclusiva".
Esa síntesis importa
más allá del billete. Si una memoria solo recuerda a las víctimas, termina
narrando únicamente la muerte. Si recupera también la obra de gobierno,
devuelve a los desaparecidos su condición de sujetos políticos. Ragone no es un
mártir abstracto: es un gobernador peronista que intentó otra provincia y por
eso fue eliminado.
El billete como pedagogía
La Mesa llama a su
desaparición un "crimen pedagógico", pensado "para paralizar a
la sociedad" en la antesala del golpe. Es el único gobernador
constitucional desaparecido, hecho que Elia Fernández amplía al decir que es
"el único mandatario latinoamericano desaparecido". El billete sería,
entonces, un contra-discurso: una pedagogía que circula de mano en mano y que,
como se pide en la reunión, reemplaza "los animales por próceres".
La vía es concreta. Yo
hablo con la senadora Nora Jiménez, que nos transmite que el Senado "está
de vacaciones" hasta la semana siguiente y que avancemos. Blanca Lezcano
dice que la CTA ya autorizó a poner su adhesión. Se trata de una política
pública de memoria que busca entrar por la puerta de la soberanía monetaria y
no por la de los museos. Si el billete circula, la memoria deja de ser un
asunto de especialistas.
3. Federalizar la memoria: Salta
frente a Buenos Aires
Soledad Romero aporta
la categoría que la Mesa adopta como eje: "federalizar la memoria",
que para ella es "marcar el territorio". Su argumento es simple y
duro: en los juicios "se le da mayor relevancia" a los que se hacen
en Buenos Aires. Yo lo reformulo con mi propia experiencia: "las que
tienen relevancia son las que están en Buenos Aires... nosotros también tenemos
que levantar que en esta provincia se luchó".
Hay una geografía
simbólica en juego. La política de memoria argentina nació y se consolidó en
Buenos Aires, con sus sitios, sus museos y sus rostros mediáticos. Salta se
pensó, durante años, como periferia receptora de ese relato. Desde mi lugar veo
lo contrario: aquí hubo desapariciones tempranas, intervención federal, una
dinámica de poder local con familias, jueces y policías que tienen nombre.
Cuando recorro la ciudad, con el Cerro San Bernardo mirando desde arriba y la
plaza donde se cruzan los poderes de siempre, sé que esa historia no es una
réplica de la porteña. Es otra.
Elia FErnández lleva
el argumento a una escala mayor al plantear "un marco mucho más amplio que
nacional". La federalización funciona entonces en dos direcciones: hacia
adentro del país, contra el centralismo, y hacia afuera, ubicando el caso
Ragone en el mapa latinoamericano de la violencia estatal. El documento
advierte además un patrón retórico recurrente, la oposición centro-periferia,
que organiza buena parte de la autoimagen de la Mesa.
4. La frontera del enemigo y los
límites de mi pragmatismo
El caso Pulleiro
La designación de un
exmilitar, Juan Manuel Pulleiro, al frente del Ministerio de Seguridad
provincial reordena la agenda. La Mesa lo caracteriza como
"negacionista" y como "militar al frente" de un área con
prácticas de gatillo fácil, hostigamiento y purgas internas. Silvina Ruiz, que
conoce el ministerio desde adentro, sostiene que "Pulleiro está guardado
adentro. El que toma el mando es Jorge Salgado". La "doctrina
Chocobar" aparece como horizonte de sentido común punitivo.
Frente a eso defiendo
una línea que genera fricción. Digo que la Mesa tiene "el apoyo de la
mitad de la población" y que a mí me interesa "la otra mitad".
Propongo pedirle una entrevista al ministro para "que el tipo se defienda"
y plantear la crítica en términos de políticas públicas, sin personalizar al
adversario, para no "alimentarlo".
"Desde esta mesa no hay
buen[o]"
Gabriela responde con
claridad: "Ni siquiera tenemos nada que hablar con Puleiro... pedir que lo
saque nada más". Más tarde Eloísa cierra el asunto con una intervención
que recuerdo palabra por palabra: "nosotros tenemos la práctica de haber
vivido en la casa del enemigo y saber cuándo el enemigo es enemigo". Y
agrega que nadie puede presentarse como "buenito" sin que se revise
su legajo.
Acepto. Lo hago con
respeto, porque entiendo ese límite como una forma de saber que se ganó con el
cuerpo. Es una hegemonía ética de los sobrevivientes sobre las posiciones
pragmáticas, y creo que acierta. Pero conviene mirar lo que ese veto produce
hacia adelante. Una frontera de antagonismo puro protege a la Mesa de la
cooptación y, a la vez, estrecha su capacidad de disputar a esa otra mitad de
la sociedad que me interesaba. El problema es de método más que de moral: no
sabemos cómo conciliar la pureza que da autoridad con la persuasión que da
alcance.
5. Estado, policía y archivo: la
burocracia como campo de disputa
Si algo enseña febrero
de 2020 es que el Estado provincial se defiende mejor con trámites que con
discursos. Elia Fernández y Cristina Cobos lo describen: pedimos audiencia y
nos derivaron "a la secretaría de derechos humanos... no tiene
decisión". De ahí la consigna de Nenina de exigir una entrevista
"intransferible" con el gobernador Gustavo Sáenz: "los
ministros, según se está viendo, no definen nada". La derivación
sistemática a mandos medios es una técnica de neutralización que desgasta sin
decir nunca que no.
El Archivo de la
Memoria -creado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta- concentra
la tensión. Se discurre sobre la denuncia de abandono, acefalía y robos, y el
pedido de que lo conduzca "un familiar de víctima de este terrorismo de
Estado". Cristina Cobos precisa que el cuadro de cargos "está
aprobado" y que "lo que tiene que existir es la voluntad
política". También reclama que "no se meta nadie más ahí, que siga
siendo de los organismos, pero está pendiente que sea ley". Esa frase
tiene dos mitades que se tironean. Una defiende la propiedad moral de los
organismos sobre el archivo y la otra reclama una norma que lo vuelva
independiente de las personas.
La disputa se extiende
a la policía. Cristina recuerda que el Comité contra la Tortura tiene
"facultades para intervenir" en ascensos y designaciones cuando hay
antecedentes. Silvina advierte que la técnica habitual es trasladar al
comisario denunciado en vez de sancionarlo. Otra integrante denuncia que la
formación de ingresantes depende del Ministerio de Educación y de convenios
universitarios que seleccionan: "menos derechos humanos, más
religión". Yo señalo que el nudo está en la figura del jefe de comisaría y
propongo crear órganos de contralor, además de cuestionar el desempeño de las
fiscalías especializadas. Todo esto sucede en una sola tarde. La Mesa pasa del
Archivo al instituto policial y de ahí al Senado, intentando cubrir con pocas
manos un frente enorme.
6. Quiénes hablan y quiénes heredan
Una conducción de mujeres con saber
testimonial
Quien lea mi registro
de las reuniones de la mesa durante febrero del 2020 con atención, nota que
casi todas las voces con autoridad son femeninas: Nenina, Eloísa, Cristina,
Elia, Gabriela, Soledad, Silvina, Canela. Yo soy una de las pocas voces
masculinas. La autoridad no se funda en cargos sino en un saber de experiencia:
haber militado, haber sobrevivido o haber buscado. Cuando Eloísa habla de
"la casa del enemigo", ningún argumento abstracto compite.
Ese liderazgo es
también una forma de poder bien administrado. Nenina conduce y sintetiza.
Canela reorienta la comunicación y la ética colectiva. Cristina es quien
"trae la nota". Es una generación que sabe qué hacer y cómo hacerlo,
y que está inventando, además, un lenguaje institucional.
La comunicación como política
Canela advierte que
"somos tardíos en la respuesta" y que "nos podemos volver
pronunciadores seriales". Propone que el sitio web sea una "base de
información... que después nos sirve para hacer memoria", y observa que
Instagram es "más una imagen y poco texto". También rechaza que
integrantes de la Mesa ocupen cargos individuales en gobiernos no afines:
"vamos apoyados por un colectivo... ser amplio y generoso".
Aquí aparece, casi sin
nombrarlo, el problema de la transmisión. Se discute qué publicar, con qué
criterio y con qué formato, pero no cómo se renueva una conducción. Queda en
mis registros que la Mesa piensa su crecimiento en términos de adhesiones,
alianzas con gremios y jornadas intensivas ("nos juntamos en un lugar y no
nos levantamos hasta que salga"). No consigno ningún pasaje donde se
discuta cómo se incorporan nuevos actores a la toma de decisiones. La
ampliación es hacia afuera, en redes y firmas, y no hacia adentro, en autoridad
compartida. La institucionalidad que se esboza, con reglamento, criterios de
adhesión y órgano consultivo, es la herramienta que podría haber habilitado esa
herencia. En febrero de 2020 todavía es posible.
Conclusión: lo que la teoría ayuda a
ver
Leo el momento
fundacional de la Mesa con ayuda de varias lecturas. Elizabeth Jelin (2002)
enseña que la memoria es un trabajo, hecho por emprendedores de la memoria que
disputan sentidos y los transmiten, con conflictos y pérdidas. Eso describe a
la Mesa. El mismo marco ilumina el riesgo de que el trabajo dependa de quienes
lo iniciaron. Marina Franco (2018) muestra que el movimiento de derechos
humanos se constituyó como actor público en el final de la dictadura y la
transición, y que su autoridad deriva de aquel aprendizaje social. Esa
genealogía explica por qué Eloísa habla desde un lugar que no se discute.
Sofía Tiscornia (2008)
analiza cómo el activismo de derechos humanos interactúa con las burocracias
estatales, y cómo estas lo absorben, lo demoran o lo reconocen. Las
derivaciones a secretarías, la acefalía del Archivo y la discrecionalidad
policial son ejemplos de manual. Diana Maffía (2007), desde la epistemología
feminista, critica el sujeto universal neutro del conocimiento y reivindica los
saberes situados. La Mesa de mujeres lo practica, porque "vivir en la casa
del enemigo" es un conocimiento situado con rigor propio. Pilar Calveiro
(2005) invita a pensar críticamente las lógicas binarias y verticales de la
política de los años setenta. No me sirve para cuestionar a Eloísa, cuyo
antagonismo se funda en una experiencia real, pero sí para preguntarme qué
ocurre cuando una frontera deja de ser una vivencia y pasa a ser una regla
heredada por quienes no la vivieron.
Alejandro Grimson
(2019) lee el peronismo como identidad política capaz de rearticularse y
estudia la polarización de la "grieta" como lógica que organiza el
espacio público en dos campos. Mi frase sobre "la otra mitad" apunta
justamente a esa lógica. Alejandro Horowicz (2005) propone entender el
peronismo como una sucesión de configuraciones históricas, de su origen en los
años cuarenta a sus reconfiguraciones posteriores; Ragone pertenece a una de
ellas y su rostro en un billete sería la manera de inscribir esa genealogía en
la vida cotidiana. Luis Alberto Romero (2001) ubica la dictadura como punto de
quiebre de la Argentina contemporánea y la democracia de 1983 como un horizonte
de expectativas altas, que explica la fuerza de las demandas que la Mesa
sostiene. Guillermo O'Donnell (1972) ayuda a entender el Estado
burocrático-autoritario como régimen que excluye al sector popular y lo
disciplina con tecnocracia y coerción. El "crimen pedagógico" contra
Ragone puede leerse en esa clave. Beatriz Sarlo (1994) describe una cultura de
imágenes y mercados que reorganiza la política, y la preocupación de Canela por
Instagram y el interés por un billete son dos maneras de pensar cómo circulan los
símbolos en esa cultura.
De todo eso saco una
conclusión provisoria. En febrero de 2020 la Mesa tiene un capital moral, un
saber situado, una agenda y un ritual de trabajo. Le falta la pieza que los
autores citados señalan, de maneras distintas, como condición de continuidad:
una institucionalidad que permita que la autoridad se transmita sin perder su
fuerza.
El contexto de 2026: la disolución
paulatina
Un momento fundacional que no se
hereda
Escribo ahora desde
2026, y el presente es otro. Mi lectura, y la subrayo como lectura, es que la
Mesa no se disuelve en un acto. Se disuelve de a poco, desde aquel momento
fundacional. El reglamento que se buscaba no se consolida. Los criterios de
adhesión y la figura del órgano consultivo quedan como intenciones. La
autoridad de las mujeres de la generación militante, que en 2020 es el
principal activo de la Mesa, no se extiende a nuevos actores con mecanismos que
permitan compartirla, y el espacio pierde frecuencia, densidad y poder de
convocatoria. Un mes después de esas reuniones llega el aislamiento por la
pandemia. No alcanza para explicar lo que pasa, pero acelera una dinámica que
ya estaba latente: cuando la sociabilidad se vuelve virtual, las instituciones
que dependen de la presencia y del vínculo personal son las primeras en quedar
expuestas.
Hay una ironía en
esto. La Mesa había discutido con lucidez los riesgos de la informalidad, la
comunicación dispersa y la dependencia de personas concretas. Aun así, no logra
cerrar el círculo. El proyecto del billete tampoco: el rostro de Ragone no circula
en ningún billete. Cumple cincuenta años de su desaparición (el 11 de marzo de
2026 se cumple el aniversario del secuestro) sin que la política simbólica que
imaginamos se haya concretado.
La transformación del Estado y de la
política de memoria
La disolución no se
explica solo por la dinámica interna. Desde diciembre de 2023, el gobierno
nacional sostiene un discurso de "memoria completa" que equipara
responsabilidades, y una política concreta de recortes y despidos en la
Secretaría de Derechos Humanos, con impacto sobre sitios de memoria, archivos y
equipos que sostenían los juicios. Para organizaciones como el CELS, esto es un
desmantelamiento. Más allá del juicio político, el efecto es claro: la Mesa
había construido su estrategia sobre la premisa de que el Estado era un
interlocutor, a veces reticente y burocrático, pero interlocutor. Reclamaba
audiencias, leyes, nombramientos en el Archivo, contralor sobre la policía. Esa
estrategia presupone un Estado que escucha o al menos que responde.
Cuando el Estado deja
de ser interlocutor, ese repertorio se vacía. Tiscornia (2008) permite pensar
el mecanismo: el activismo se había hecho fuerte dentro de las burocracias, y
cuando las burocracias se reconfiguran, el activismo pierde terreno. El "órgano
consultivo" de Canela, la audiencia "intransferible" de Nenina y
la ley para el Archivo de Cristina eran, en el fondo, formas de
institucionalizar la relación con un Estado que ya no tiene interés en ella.
El agotamiento del paradigma de la
justicia transicional
Hay un tercer plano,
más amplio. El paradigma de la justicia transicional que organizó la política
de derechos humanos en América Latina después de las dictaduras (verdad,
justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición) funcionó como un
lenguaje compartido entre Estados, organismos y academia. Ruti Teitel (2000) lo
describe como una sucesión de fases que, con el tiempo, tiende a normalizarse y
a convertirse en una gramática estable. Jelin (2017) advierte que las luchas
por el pasado no tienen un punto final y que cada generación reabre las
preguntas con otras condiciones.
En 2026, ese paradigma
muestra sus límites. Los juicios avanzan con lentitud y los acusados envejecen.
La transmisión generacional se ha vuelto más difícil. La derecha política ya no
se limita a callar los crímenes: los discute, los relativiza y construye su
propio relato. Y los organismos, que nacieron como movimientos de víctimas,
tienen que decidir si se reinventan como actores culturales y políticos de
largo plazo o si se repliegan. La Mesa de Derechos Humanos de Salta, con su
estructura personalista y su agenda anclada en el reclamo al Estado, queda
atrapada entre ambos horizontes.
Lo que queda de aquel febrero
No quiero cerrar con
nostalgia. Releo el registro de 2020 y encuentro, sobre todo, una pregunta
abierta. Esas mujeres, con su autoridad ganada, sus procedimientos inventados y
su ética sin concesiones, mostraron que es posible construir una institución de
memoria desde el territorio. Lo que no logramos fue la parte más difícil, que
es convertir esa autoridad en algo que otros puedan asumir sin que se rompa.
Si hay una enseñanza
para 2026, es que ninguna política de memoria sobrevive solo con la fuerza
moral de sus fundadores ni con la buena voluntad de un Estado. Necesita reglas
y relevos, y necesita saber hablar a esa otra mitad de la sociedad. Desde Salta,
con el recuerdo de Ragone y de esas tardes de martes cuadno se hacían las primeras
reuniones de la Mesa, sigo creyendo que vale la pena intentarlo de nuevo, con
otras manos y otros nombres, pero con el mismo cuidado por no dejar la memoria
en un teléfono.
Referencias
Calveiro, P. (2005). Política y/o violencia: Una aproximación a
la guerrilla de los años 70. Norma.
Franco, M. (2018). El final del silencio: Dictadura, sociedad y
derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983). Fondo de Cultura
Económica.
Grimson, A. (2019). ¿Qué es el peronismo? De Perón a los
Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina.
Siglo XXI Editores.
Horowicz, A. (2005). Los cuatro peronismos. Edhasa.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI
Editores.
Jelin, E. (2017). La lucha por el pasado: Cómo construimos la
memoria social. Siglo XXI Editores.
Maffía, D. (2007).
Epistemología feminista: La subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer,
12(28), 63-98.
O'Donnell, G. (1972). Modernización y autoritarismo. Paidós.
Romero, L. A. (2001). Breve historia contemporánea de la Argentina.
Fondo de Cultura Económica.
Sarlo, B. (1994). Escenas de la vida posmoderna:
Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Ariel.
Teitel, R. G. (2000). Transitional justice. Oxford University
Press.
Tiscornia, S. (2008). Activismo de los derechos humanos y
burocracias estatales: El caso Walter Bulacio. Del Puerto / CELS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario