En el espacio de
capacitación y debate del ciclo “Ciencias Sociales y Seguridad: Debates
necesarios para la inclusión y la participación” se abordó en esta oportunidad, a partir de la investigación
doctoral de la antropóloga Andrea Flores, la problemática del aborto y los
obstáculos que se plantean en las discusiones en torno a él y a su
despenalización; obstáculos nacidos de argumentos que deshyconocen el derecho de
las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y que las muertes de muchas de ellas por las imposibilidades
de acceso a un sistema de salud que contemple sus derechos es un serio problema
que atañe, también, a la seguridad.
Con la
participación de la doctora María Laura Postiglione (coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana), la doctora Graciela Abutt
Carol (abogada del Foro de Mujeres), la licenciada Verónica Caliva (Fundación Entre Mujeres), y
la compañera Romina Rade, actoras -todas ellas- territoriales involucradas en
la problemática del aborto y comprometidas en la búsqueda de obtener soluciones
efectivas para proteger los derechos a la salud de las mujeres, se realizó en
el día de ayer el segundo encuentro del ciclo “Ciencias Sociales y Seguridad: Debates necesarios para la inclusión y
la participación ciudadana”, espacio de capacitación y debate, instituido por el Programa de Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad de la provincia, para el tratamiento de temáticas que atañen a la seguridad analizadas desde la óptica de las ciencias sociales. En sala de reuniones del susodicho Programa, sito en calle Balcarce nº 388, reflexionamos el pasado miércoles 21, acerca de la configuración del
acceso a la salud sexual y reproductiva como un derecho y una presencia en la
agenda de la seguridad ya que esta no es un fin en sí mismo, sino la estrategia,
la acción que desde el Estado, y a partir de la interacción entre sus agencias
y la comunidad, debe motorizar para
la generación de condiciones para el ejercicio pleno de todos los derechos. Analizamos, además,
cómo intervienen y poseen incidencia las masculinidades como elemento
constitutivo de ciertas interpretaciones sesgadas sobre los derechos sexuales
de mujeres y varones.
Partiendo de su
trabajo de investigación “La cuestión del aborto: entre las
regulaciones biopolíticas y las prácticas de libertad”, la antropóloga
Flores abordó la problemática del aborto y el derecho de la mujer a decidir
sobre la intimidad de su cuerpo, centrándose en el contexto espacial de la
ciudad de Salta, deconstruyendo – herramientas de la antropología mediante–
discursos de grupos conservadores para vislumbrar cuáles son los fundamentos socio-políticos que desde estos movimientos se plantean a razón de ordenamientos sociales normativos. Desarrolló, además, el concepto de “biopolítica” -autoría de Michael Focoult- mediante,
sobre las regulaciones en torno a los cuerpos de las mujeres en relación a la
problemática del aborto; cómo fueron mutando a lo largo de la historia las regulaciones del aparato Estatal por sobre el
cuerpo y la natalidad (mortalidad) de las mujeres; expuso, además, la
variabilidad (avances y retrocesos) de las legislaciones en el campo de la
promoción de derechos de las mujeres para, finalmente, presentar y discutir el
tracto histórico por el que los grupos feministas transitaron para el logro de
conquistas a nivel legislativo y de agenda política, como así también los
puntos en la reconstrucción del relato histórico que significaron represión,
silenciamiento, muerte y exilio.
Foucault reconoce diversas formas de racionalidad política
que articulan de manera específica los procedimientos encaminados a resolver el
problema de "cómo gobernar" distinguiendo entre sociedades de
soberanía, de disciplina y de seguridad. El biopoder emerge en el paso de las
sociedades disciplinarias a las de seguridad como articulación de dos
tecnologías: la anatomopolítica y la biopolítica. “El sexo es la ‘bisagra’ que
articula los dos ejes a lo largo de los cuales se desarrolla la tecnología
política de la vida”, explicó la antropóloga. “Se relaciona con el
disciplinamiento del cuerpo (la domesticación, intensificación y distribución
de sus fuerzas) y con la regulación de la población”, agregó. El sexo traduce
tanto la "energía política" como el "vigor biológico" de
una sociedad. No obstante, Foucault insiste en dejar de lado sexo y deseo a
favor de la cuestión del uso de los placeres. Estos planteamientos de Foucault
han sido problematizados por varias teóricas del feminismo. Por un lado, se
denuncia el carácter masculinista de su retórica, el androcentrismo de su
perspectiva y el pesimismo de su visión. Por otro, sirve de inspiración para
llevar a cabo nuevos análisis de las tecnologías del cuerpo que ponen de
manifiesto las diferencias específicas de género, así como la posibilidad de
construir nuevos proyectos políticos a favor de la emancipación de las mujeres.
La noción de
‘biopolítica’ permite dar cuenta de las regulaciones en torno a los cuerpos de
las mujeres en relación a la problemática del aborto: es en el momento que los procesos de natalidad y mortalidad entran en el
campo de regulación del Estado que la práctica del aborto comienza a ser
regulada, centrándose dichas regulaciones en el cuerpo de las mujeres.
Para Flores, el aborto entra al campo de regulaciones biopolíticas a
partir de la emergencia del feto. “Aquí aparece la figura del feto como un elemento diferente de la mujer
embarazada, como entidad autónoma, como una vida discernible de quien la gesta:
un nuevo nacimiento. Así nace el feto como entidad ontológica, biológica y
política”, reveló la antropóloga.
Reseña histórica (1960 – 2003)
Seguidamente, Flores mencionó las primeras
legislaciones sobre el aborto en Europa que datan del siglo XIX y avanzó al
contexto nacional de nuestro país, donde las primeras legislaciones
(prohibiciones) se conocen de 1887 cuando fue sancionada la Ley Nº 1920 que aprueba el nuevo Código Penal que
incorpora artículos referidos a la penalización del aborto sin excepciones
tanto para quien practicara el aborto como para la mujer “que violentamente
causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”, quien sería
“castigada con uno a tres años de prisión; y si lo hiciere por ocultar su
deshonra, con el minimum de esta pena”.
Avanzando en la linealidad histórica nacional,
la antropóloga citó algunos ‘hitos’ con raíz en la década de los ’60, cuando
comienzan a ser visibilizadas las primeras manifestaciones públicas de la
problemática a partir del emblemático caso de Natividad Frías, que posteriormente sentaría precedentes
legales en un fallo plenario de la justicia nacional que marcaría el rumbo con
relación a los casos de aborto y a la situación penal de las mujeres víctimas
de esa intervención, además de configurarse como hecho revelador para
reflexionar sobre la disyuntiva entre cumplir con la ley y el secreto
profesional. Alude Flores en su investigación en torno al caso:
“La mujer urgida por la necesidad de
asistencia médica a raíz de un aborto provocado por ella misma o por un tercero
con su consentimiento, conforma una grave situación dilemática: o solicita el
auxilio médico para conjurar el peligro en que se halla y entonces se expone a
la denuncia del hecho (…) o resigna incluso a la posibilidad de perder la vida
(...) Me refiero a la suprema garantía de que nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo, estampada en el art. 18 de la Constitución Nacional
(…) La mera presencia ante el médico de la mujer autora o coautora de su propio
aborto implica una autoacusación forzada por la necesidad impuesta por el
instinto natural de la propia conservación, puesto que acude a él en demanda
angustiosa de auxilio para su salud y su vida (…) Si nadie está obligado a
declarar contra sí mismo -según derecho vigente- menos puede estarlo a sufrir
las consecuencias de una autoacusación impuesta por necesidad insuperable…”.
Hacia la década de los ‘70
comienzan a emerger las primeras organizaciones feministas en la Argentina:
hacia 1970 nace la Unión Feminista Argentina (UFA) y en 1972 el Movimiento de
Liberación Feminista Argentina (MLF). Ambas organizaciones comienzan a
replantearse la maternidad como destino y a enunciar el derecho al aborto.
Flores destaca en esta
década, además, la firma de José López Rega, entonces ministro de Bienestar, de
un decreto que disponía el control de la
comercialización y venta de anticonceptivos, así como la prohibición del
desarrollo de actividades directa o indirectamente destinadas al control de la
natalidad. En este contexto es que
la UFA hace circular un folleto en el que se expresa: “El embarazo no
deseado es un modo de esclavitud. Basta de abortos clandestinos. Por la
legalidad del aborto. Feminismo en marcha.”
Los volantes del MLF también presentaban consignas en este mismo
sentido: “El patriarcado es el poder despótico de todos los varones sobre
la mujeres. (…) El patriarcado se opone a que la mujer sea una persona,
que la mujer elija la maternidad o la rechace.”
Ya llegada la democracia,
retomadas y visibilizadas diversas luchas políticas, el 8 de marzo de 1984 las
pancartas enarboladas por las feministas reclamaban: “Defendamos nuestros
cuerpos y nuestras vidas. Basta de mercaderes de la medicina. Queremos parir y
abortar sin riesgos. Maternidad libre y consciente. Despenalizar el aborto”,
y sus cánticos exclamaban: “Aborto clandestino no es nuestro camino. Legalización
es nuestra decisión”.
La antropóloga subraya en
esta década el surgimiento de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer
(ATEM), uno de los espacios más activos y prolíficos del movimiento feminista
que retoma la tarea de construcción del campo donde el aborto es entendido en
tanto derecho. Esta Comisión esgrime la consigna “Anticonceptivos
para no abortar, aborto legal para no morir”, y elabora en 1990 un
anteproyecto de ley sobre anticoncepción y aborto que “no sólo responde a
una realidad social sino también se inscribe en que seamos [las mujeres]
las que elaboremos las leyes que nos afectan directamente”, revela Flores.
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| Gentileza de la antropóloga Andrea Flores. Marcha de las militantes integrantes de ATEM en el año 1984. |
Para Flores es en la década de los ’90
cuando “el aborto accede a la agenda política”. En 1994, el presidente Menem antes de convocar
a la Convención Constituyente (para la reforma constitucional que le permitiría
presentarse a la reelección en su cargo), propone la incorporación en la
Constitución –aunque sin éxito– de un artículo que proclamase el derecho a la
vida desde la concepción. No obstante, en el año 1998 se establece, vía decreto
de presidencia, la fecha del ‘día del niño por nacer’ en nuestro país – convirtiéndose
en pionero de este tipo de declaración –, a partir de la consideración de “que
especialmente en su etapa prenatal, el niño es un ser de extrema
fragilidad e indefensión, salvo la natural protección brindada por su madre. (…) [y] que el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, ni
de religión, sino una emanación de la naturaleza humana”. Menem recibe el
apoyo de la Iglesia en estas dos acciones y en esta última obtiene un
reconocimiento del Vaticano.
En la Provincia de Salta, la fecha del Día del Niño por nacer, es
instituida en el año 2005 durante el mandato de Juan Carlos Romero, asumiendo
el Poder Ejecutivo Provincial la obligación de “difundir el valor de
la vida y sus derechos desde la concepción, coordinando actividades
informativas y educativas referidas a los Derechos del Niño por Nacer”.
En el año 2003, en el ENM, en la ciudad de
Rosario se conforma una Asamblea por el Derecho al Aborto. “Es en el XVIII
ENM donde el tema del derecho al aborto adquiere una relevancia y una extensión
importante. Es allí donde se realiza una asamblea por el derecho al aborto al
finalizar los talleres de la primera jornada, que dará lugar a acciones
nacionales y estrategias conjuntas sobre el pedido de su legalización”,
sostiene Flores.
En esta
Asamblea se convoca a un Encuentro Nacional por el derecho al Aborto a
realizarse en mayo de 2004. De aquí nace el impulso para la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Consideraciones
La principal causa de muerte materna en Argentina son las complicaciones por abortos inseguros. Cada 8 minutos muere, en América Latina, una mujer por complicaciones derivadas de la práctica de un aborto inseguro. La dra. Graciela Abutt Carol reveló que, según estadísticas a nivel nacional, "son 200 las mujeres que por año mueren en la Argentina como resultado de abortos clandestinos". Y explicó que desde el punto de vista jurídico "la penalidad del aborto es evitar -justamente- el aborto". "No obstante, la norma rige totalmente, y lo que ocasiona es ese número terrible de pérdida de vidas humanas", agregó la abogada integrante del Foro de Mujeres de la provincia de Salta.
La dra. Abutt Carol destacó, además, la necesidad de desjudicializar los casos de las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos, ya que "estigmatiza y provoca una invasión enorme en la intimidad de la mujer, afectando severamente su autoestima". Aclaró que las mujeres que quieren acceder a un aborto no punible deben presentar, previamente, la denuncia penal efectuada a tal caso y señaló la importancia de suprimir los asesoramientos judiciales ya que "sólo están previstos con fines dilatorios, obstructivos y disuasorios; están pensados en forma meramente punitiva".
Por su parte, la dra. María Laura Postiglione manifestó que "se dieron avances sobre los cuales hay que seguir trabajando. Creo que es importante para un discurso político analizar la tasa de mortalidad materna anual que tiene nuestro país. A nivel discursivo tenemos que hacer visible esto". Y compartió los avances que en materia de despenalización del aborto Uruguay viene llevando adelante, como la Consejería pre y pos parto, iniciativa que, acompañada a otras leyes ya sancionadas, colaboró en la reducción total de la tasa de mortalidad materna: Uruguay es el único país latinoamericano que despenalizó el aborto y que ha conquistado una tasa de mortandad materna del 0% anual.
Seguidamente, la lic. en Comunicaciones Sociales, Verónica Caliva, confirmó que "en cuestiones de derechos de las mujeres son notorios los avances", pero que "el problema continúa siendo la falta de ejecución de las políticas públicas" e hizo hincapié en la necesidad de retomar el trabajo y la labor territorial. "Me parece que hay que trabajar mucho sobre pobreza y sexualidad, buscando un 'click' en la cabeza de las ciudadanía; se debe terminar con la penalidad a las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos. Creo que debemos apostar fuertemente a las jóvenes mujeres, pero también a los varones jóvenes", agregó la integrante de la fundación Entre Mujeres.
En su intervención, la dirigente barrial Romina Rade sostuvo que la problemática del aborto es una "realidad palpable día a día" y confió en los efectos positivos que resultarían de la concientización y educación de los varones para el desarrollo de una sexualidad responsable, modificando "la situación de embarazos no deseados en los barrios". "En algunos barrios hay enfermeras que realizan los abortos por $50. Hay que educar para prevenir los embarazos no deseados y enfocarnos, para ello, fundamentalmente en los varones, porque son muchos los que no quieren cuidarse", reveló Rade.
Llegando ya a la conclusión de la jornada, Fernando Pequeño Ragone manifestó el objetivo que se sostiene en la iniciativa de debate sobre esta problemática: "debemos implantar en la agenda política estos temas, para tener una incidencia real y lograr modificaciones, en largo plazo, de carácter estructural. Debemos empezar a discutir sobre aborto desde un lugar que nos nuclee a todos, sin caer en dicotomías instantáneas y antagonismos fragmentarios. Si logramos transformar estos discursos en propuestas políticas que apelen a todos los movimientos y ponerlo en boca de todos los legisladores, daremos un gran paso".
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