El Decreto 255 y la deriva del campo de los Derechos Humanos en Salta: De la disputa por el Estado a la crisis de articulación

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La disputa por la gestión de la seguridad en la Salta pandémica

El estallido de la pandemia de COVID-19 en abril de 2020 funcionó como un catalizador de las contradicciones estructurales de la gestión estatal y del campo político en la provincia de Salta. La promulgación del Decreto 255/2020 por parte del Ministerio de Gobierno confirió facultades discrecionales e inéditas a las fuerzas de seguridad para intervenir ante el incumplimiento del aislamiento obligatorio, desatando una inmediata reacción del arco garantista y de las organizaciones de derechos humanos de la provincia. La estrategia dominante, articulada por referentes como la abogada y militante Nenina Lescano y el jurista Rodrigo Sola junto a estructuras nacionales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se centró en la judicialización sistemática de la norma mediante una demanda colectiva de inconstitucionalidad respaldada por un registro de abusos policiales para forzar la retracción del dispositivo punitivo.

Sin embargo, el quiebre de consensos en aquel momento reveló una tensión más profunda en el seno de la militancia local, personificada en la figura de Fernando Pequeño Ragone y la Asociación Miguel Ragone. Frente al encuadre punitivo-estatal y a la respuesta judicializadora de los organismos tradicionales, Pequeño Ragone impulsó una línea de diálogo directo con las autoridades gubernamentales del área, como el ministro Posada y el secretario Villada. Esta búsqueda de interlocución respondía a una vocación por tender puentes en medio de la emergencia institucional, priorizando la negociación política por encima del enfrentamiento tribunales-medios.

La búsqueda de diálogo y la reconfiguración del rol de las fuerzas de seguridad

El intento de gestión y comunicación con el Ministerio de Gobierno por parte de Fernando Pequeño Ragone se sostuvo en una premisa política distintiva: la necesidad de sostener una visión superadora que evitara la demonización per se de las fuerzas de seguridad. Para Pequeño Ragone, encasillar a la institución policial en el único rol de brazo represivo impedía abordar la complejidad del Estado en momentos de crisis socio-sanitaria, donde los agentes de seguridad actuaban al mismo tiempo como indispensables articuladores territoriales.

 Esta postura provocó una severa impugnación política y doctrinaria por parte de las estructuras tradicionales de derechos humanos. Las intervenciones de referentes como Lescano acusaron a Pequeño Ragone de incurrir en una deriva "reaccionaria", cuestionando la equiparación entre el accionar de los efectivos de seguridad y la condición de las víctimas del terrorismo de Estado, y calificando dicha lectura como una reactivación implícita de la "teoría de los dos demonios". Asimismo, se criticó el uso del capital simbólico de la memoria de Miguel Ragone —exgobernador desaparecido— como un emprendimiento individual desligado de las construcciones colectivas y del proyecto histórico del campo popular.

 

Dimensión de Análisis	Bloque Organismos de DDHH (CELS, Liga, Lescano, Sola)	Posición Asociación Miguel Ragone (Pequeño Ragone)
Estrategia ante el Decreto 255	Judicialización colectiva inmediata y presión mediática.	Apertura de canales de diálogo y negociación institucional.
Concepción de la Policía	Dispositivo represivo con facultades discretionales regresivas.	Actor institucional con rol territorial que no debe demonizarse.
Sujeto Político	Proyecto colectivo, red institucional y defensa doctrinaria.	Interlocución ejecutiva y articulación pragmática.

El escenario hacia 2026: Descomposición, avance de las derechas y achicamiento estatal

Observado desde la perspectiva de 2026, aquel episodio de abril de 2020 no constituyó un hecho aislado, sino el síntoma temprano de una reconfiguración definitiva del mapa político e institucional. En la actualidad, Fernando Pequeño Ragone se halla plenamente distanciado de la gestión de gobierno provincial y envuelto en una profunda crisis analítica y posicional frente al estado del movimiento de derechos humanos.

 Desde esta ubicación crítica, la lectura de Pequeño Ragone señala la descomposición interna de los organismos tradicionales, a los que responsabiliza de haberse replegado en esquemas rígidos, endogámicos e incapaces de ofrecer respuestas ante la transformación del escenario global y nacional. La fragmentación del espacio de derechos humanos y su imposibilidad de construir articulaciones políticas amplias ocurren en un contexto signado por la avanzada de las derechas internacionales en la gestión de lo público. Esta hegemonía conservadora y ultraliberal ha avanzado aceleradamente en la reducción de la cobertura estatal, el desmantelamiento de los programas sociales territoriales y la reestructuración punitiva del espacio público. La incapacidad de la militancia histórica para superar la lógica del señalamiento moral y construir un proyecto hegemónico alternativo deja en evidencia los límites estructurales denunciados en los albores de la pandemia.